Los agentes dependientes del Estado Provincial percibirán incrementos que van desde el 38 al 60 por ciento, dependiendo de la escala salarial en la que se encuentren. La intención es que ningún trabajador perciba menos de los 13.200 pesos que estableció el INDEC como “línea de pobreza”.

 

Si bien algunos municipios anunciaron subas porcentuales similares – aunque en los números finales las diferencias sean amplias debido a los montos de los sueldos actuales – otras comunas todavía no informaron de cuánto será el aumento para este año.

 

“Está costando un poco llegar a acuerdos con los intendentes porque la queja de ellos es que la coparticipación no les alcanza; es lo primero que surge. Nosotros les decimos que entendemos la situación pero más entendemos a nuestros compañeros municipales, porque los sueldos son muy bajos y esto no es de ahora sino que viene de arrastre”, explicó Fernando Gatica, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional San Luis.

 

Esta semana se inició con una asamblea de municipales en Merlo, tras la que pidieron que se fijen aumentos de hasta el 60 por ciento. En los días siguientes hubo movidas similares en Concarán y Buena Esperanza.

 

En la localidad del Valle del Conlara, los empleados pidieron un aumento de 5 mil pesos, pero el Municipio ofreció sólo 3 mil (en dos cuotas). Los trabajadores se reunirán para analizar la propuesta.

 

En la cabecera del departamento Gobernador Dupuy, el gremio y los trabajadores acordaron con el intendente Fernando Larroudé resolver, en un lapso de 30 días, el pago del aumento salarial adeudado desde el año pasado y luego comenzar las negociaciones para fijar el incremento de este año.

 

“Nosotros invitamos a los intendentes a que la queja de que no les alcanza con la coparticipación la planteen al Gobierno Provincial, parece que les cuesta bastante manifestar esa disconformidad y terminamos siendo los trabajadores los que tenemos que resignar los aumentos salariales”, reclamó el gremialista.

 

En una reunión sindicatos del sector público y privado mantuvieron la semana pasada con el gobernador Alberto Rodríguez Saá se planteó el difícil panorama que viven los municipales del interior. El mandatario respondió que “si la Provincia estaba en condiciones de dar estos aumentos es porque tiene prolijidad en sus números, que los intendentes tienen que hacer lo mismo y les va a alcanzar para pagar los incrementos”, reveló Gatica.

 

ATE pretende que todas las municipalidades fijen un piso de 40 por ciento de aumento y que, al menos por ahora, ningún trabajador cobre menos que los 8.700 pesos establecidos como el Salario Mínimo Vital y Móvil.