La Argentina se está convirtiendo en el reino del revés. Mientras los ciudadanos honestos tienen miedo de salir de sus casas, por temor de ser víctimas de la ola delictiva y sufren una agobiante presión fiscal para sostener el aparato clientelar de un gobierno que ni siquiera le garantiza la más mínima seguridad, los presos de las cárceles federales tendrán aguinaldo, vacaciones pagas, asignaciones familiares y obra social.

Así lo ordenó la sala II Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo en un caso por el trabajo de los presidiarios. En el texto del fallo, que resulta por demás polémico, se destaca que “la lucha contra la inseguridad solo será posible si se brinda empleo a los reos”. Y por eso dispone que se cree un régimen laboral para los convictos con idénticos derechos que los de una persona libre.

Se trata de una presentación de la Defensa Pública Oficial y de la Procuración Penitenciaria de la Nación -a partir de un planteo del ciudadano ucraniano Yuriy Tiberiyevich Kepich- a la que la Sala II hizo lugar con el voto de los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Pedro R. David. Se trata de magistrados que, en ámbitos judiciales, son considerados como muy cercanos al kirchnerismo.

De hecho, el integrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, en agosto pasado, pidió ante esta entidad que se inicie una investigación que determine si Slokar y Ledesma llevaron a cabo maniobras irregulares para controlar la Cámara de Casación. Slokar, además, es considerado un discípulo de Raúl Eugenio Zaffaroni (ver Dime con quién andas y te diré quién eres...)

Kepich, preso en la cárcel de Ezeiza, ya hizo planteos similares por el derecho a la comunicación con sus familiares y a recibir encomiendas. A partir de esta sentencia, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), que responde al titular de la CTA, Hugo Yasky, uno de los dirigentes sindicales más serviles al kirchnerismo, podría lograr su objetivo de que los presos que trabajan también tengan acceso al aguinaldo y a las vacaciones, un reclamo que venían haciendo desde hace un tiempo.

Asimismo, los K también vienen reclutando gente en la cárcel con la agrupación “Vatayón Militante”, ligada a La Cámpora. Los presos que se integra a estos grupos obtienen, a cambio, ciertos beneficios que tornan menos pesada su estadía en los penales. Peor aún, hasta logran permisos para salir de las cárceles y participar de actos políticos.  Según el fallo, "la realidad laboral penitenciaria argentina actual" es que el 59% de los presos "no accede actualmente a ningún trabajo remunerado". Y de aquellos que trabajan, “sólo el 19 por ciento cuenta con la posibilidad de acceder a cuarenta horas semanales de trabajo remunerado”, mientras que “el 81% restante o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su voluntad". De esta manera, dijo el fallo, ocho de cada diez presos no gozan de los derechos consagrados en el artículo 14 bis constitucional.

Es cierto que las cárceles, desde hace tiempo, han dejado de ser un lugar de resocialización y que se deben introducir modificaciones para bajar el nivel de reincidencia. Ahora bien, instrumentar medidas de este tipo, en un contexto de una inseguridad sin freno, lo único que hará es fomentar la delincuencia. Se va a llegar al extremo de que un reo terminará cobrando más del doble que un jubilado, que debe sobrevivir con apenas $3231,63 luego de toda una vida de trabajo. Es más, ganará más que miles y miles de trabajadores que, todas las madrugadas, salen a pelearla para conseguir el sustento de su familia, honestamente, con el sudor de su frente.