Multan a Larreta por incumplir un fallo judicial

Multan a Larreta por incumplir un fallo judicial

El Tribunal Superior de Justicia porteño obligaba al Ejecutivo a presentar un proyecto que solucione los peligros que presentaba el tendido eléctrico en la 21-24. Larreta incumplió el fallo y ahora la justicia le fijó la multa de 10 mil pesos diarios hasta efectivizarlo.

La justicia porteña impuso una multa de 10 mil pesos diarios al jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por cada día de demora en cumplir la sentencia que ordena resolver el riesgo eléctrico en la villa 21-24 de Barracas, la más grande de Capital Federal, en una causa que lleva más de diez años de trámite judicial. En paralelo a la medida, que fue apelada, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario convocó para este miércoles a una audiencia en la que participarán funcionarios del gobierno, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), vecinos e integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ONG que denunció el incumplimiento gubernamental, para impulsar medidas de contingencia en el barrio, en el que viven más de 50 mil personas.

Con todos los plazos legales vencidos el gobierno porteño continúa sin presentar un "proyecto eléctrico adecuado para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad del barrio", según el fallo del juez Roberto Gallardo a cargo del Juzgado de Feria 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

El proyecto "deberá ser elaborado según la Guía de Diseño de Redes Eléctricas de baja tensión para asentamientos poblacionales, y aprobado por el ENRE", señala Gallardo, tal cual obliga el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, cuyo plazo legal de 105 días expiró días atrás. 

El magistrado, además, impuso 10 mil pesos de astreintes --multa por demorar el cumplimiento de una orden judicial-- al titular del Ejecutivo porteño por cada día de demora, para lo cual le dio un plazo de diez días. Y fijó que al vigésimo día hábil de notificada la resolución, que empezó a correr el 5 de agosto, en caso de mantenerse el incumplimiento de la sentencia, ésta podrá ser ejecutada por un tercero.

"El juez dictaminó incumplida la sentencia y fijo una multa al jefe de gobierno, porque el mismo Ejecutivo no clarificó qué organismo es el que tiene a cargo resolver el problema, ya que se lo dividen entre Desarrollo Urbano y el Instituto de Vivienda (IVC) -sostuvo el codirector de ACIJ, Sebastián Pilo-. Para eso, declaró inconstitucional la ley 6.021, sancionada por la Legislatura el año pasado, que dispuso que cuando se dictan astreintes contra funcionarios, pueden ser apeladas hasta que queden firmes por el tribunal de alzada".

Pilo explicó a este diario que "lo que hay en la villa es un tendido eléctrico irregular, sumamente precario, en el que los propios vecinos terminan supliendo los déficit. Instalaciones muy deficitarias en relación a las que tiene el resto de los habitantes de la Ciudad, y que impactan no sólo en los cortes de luz que sufren sino en un riesgo más inmediato a la integridad física y de los bienes de las personas. Un tendido que no consentimos en el resto de la ciudad porque es inadmisible".

La precariedad del  cableado produjo en el populoso barrio, ubicado en el sur de la Ciudad y en las inmediaciones del Riachuelo, desde electrocuciones hasta incendios, pasando por las roturas de electrodomésticos por los constantes cambios en la tensión eléctrica.

El coordinador de la Junta Vecinal de la Villa, Ramón Ozuna, dijo a Página|12 que "hay postes caídos, otros  podridos, cables quemados que no se reparan y todo tipo de instalaciones precarias. Además, faltan transformadores para cubrir la demanda de energía del barrio, por lo que hay constantes cortes de luz. La tensión no es constante y se queman los artefactos. A veces se ligan los positivos de dos cables y se quema el cableado cuando en lugar de 220 llegan 380".

"Diez años atrás -detalló Pilo-, se demandó al gobierno porteño por la deficiente prestación del servicio, que discrimina por condición socio-económica. Si bien es una situación que se da en otros barrios vulnerables, en la 21-24 se ve más acentuado el problema".

En febrero pasado, tras ocho años de litigio, la sentencia del TSJ -que confirmó la cuestión de fondo para que se brinde un servicio similar al que se presta en el resto de la Ciudad y se solucionen las falencias estructurales en el servicio eléctrico- pareció renovar las expectativas de los habitantes de la villa, que llevan años conviviendo con el riesgo eléctrico.

Sin embargo, el gobierno presentó, en lugar de un proyecto integral, un plan de contingencia limitado a un sector del barrio, que no resuelve la cuestión estructural. A pesar de los fallos de primera y segunda instancia, y del TSJ, el gobierno continuó con las maniobras dilatorias para no cumplir con las resoluciones judiciales.

Tras el nuevo incumplimiento denunciado por ACIJ, llegó el fallo de Gallardo que establece multas para Rodríguez Larreta, y un nuevo plazo, esta vez más breve, para que el gobierno dé respuestas a los vecinos de la 21-24.  Pero la realidad,  para Ozuna, es que "en invierno tenemos problemas de luz. En verano, de agua. Y todo el tiempo de cloacas. No hay un plan de reurbanización. Somos un barrio olvidado".

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