Ese monto asciende a unos 283 mil pesos si ese modelo viene con el llamado Pack Attractive III, según indican las concesionarias consultadas.

Ahora bien: el Gobierno de Córdoba comprará ese modelo para la Policía –250 unidades– a 424.380 pesos cada una. La diferencia es la “modalidad patrullero”, que incluye 10 elementos extras que, en este caso, son los que sumarían casi 141 mil pesos más por unidad. Es decir, el 50 por ciento del valor del vehículo.

Estos elementos son, entre otros, el laminado de vidrios, la pintura nueva y el ploteado, el rebatimiento del asiento trasero, la reja, luces especiales, micrófono con altavoz y sistema de comunicación.

Más allá del valor de los vehículos, lo que cuestiona el representante de la oposición en el Tribunal de Cuentas de Córdoba es que se trata de una compra directa –sin llamado a licitación–, amparada en la Emergencia Nacional y en el artículo 10 inciso b de la ley 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial). Esto es, basada en la “existencia de urgencia manifiesta o necesidad imperiosa en la contratación de un bien o servicio”.

En este caso, dichas razones llevaron a adquirir 250 vehículos, que no entraron en ningún plan de seguridad ni en planificación preventiva que permitiera los tiempos para elaborar un pliego de licitación.

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El subsecretario de gestión del Ministerio de Gobierno, Sebastián Serrano, defendió la compra. Dijo que están amparados por la ley, y que el valor del automóvil está en consonancia con el precio de mercado (ver aparte).

En la resolución 129, el Ministerio de Gobierno y Seguridad funda la medida en un pedido especial del jefe de Policía, en la necesidad de reforzar el patrullaje preventivo, y señala: “Razones excepcionales de seguridad que son de público conocimiento y que motivaron la adhesión mediante decreto 39/2017 a la Emergencia Nacional prorrogada por decreto PEN 50/2017 llevan a solicitar se imprima al presente trámite la urgencia debida, toda vez que los valores comprometidos son la vida, la libertad o el patrimonio de los habitantes de la provincia, como así también (...) sus derechos y garantías”.

Vale recordar que hace menos de un año, en mayo de 2016, se presentaron 232 nuevos rodados, destinados a la Policía y a la Caminera. Muchos de ellos, por compra directa.

La última

Esta vez, la resolución 129/2017 autorizó el pasado 20 de marzo la adquisición de estos vehículos a FCA Automobiles Argentina (Fiat), por un monto total de 106.095.250 pesos. En el Tribunal de Cuentas, el caso se trató en el expediente 0184-049705/2017, que fue objetado por el vocal de la oposición, Esteban Bría (UCR).

El tribuno señala en su informe que “se raya el límite de la irregularidad” ya que, si no se previeron estas compras como parte de una planificación que permitiera efectuar la licitación, “se correría el riesgo de considerar como cierta una situación de urgencia irreal, generalizándose este supuesto de excepción, que debe ser de interpretación restrictiva y limitada”.

Bría cuestionó los criterios “de urgencia” argumentados, al entender que no están justificados de acuerdo con lo que indica la ley. Y entiende también que “podrían existir (…) sobreprecios de los bienes que se contratan que rondaría el 60 por ciento”.

Otros antecedentes

Son al menos 13 los expedientes de compras directas basadas en motivos de urgencia a los que accedió La Voz y que pasaron por el Tribunal de Cuentas de Córdoba entre julio de 2016 y marzo de 2017, la mayoría de ellos para equipamiento, uniformes y automóviles, entre otros elementos, destinados a distintas dependencias de la Policía.

Suman 325 millones de pesos, si se computa la última adquisición de los 250 automóviles por 106 millones de pesos.

Allí se encuentran desde chalecos antibala y vehículos–120 autos, 100 motos, 80 pick-ups, cuatro minibuses más los 250 automóviles mencionados–, hasta conos naranjas, servicios de consultoría en telecomunicaciones y trabajos de albañilería –por 2.358.869 pesos, según la resolución 832/2016 del Ministerio de Gobierno y Seguridad– y uniformes policiales.

“No cuestionamos la necesidad de equipar a la Policía, puesto que la seguridad está a la cabeza de los reclamos de los vecinos de la provincia. Pero sí advertimos que roza el límite de la irregularidad, ya que las autoridades debieron llevar adelante un procedimiento de licitación pública establecido por ley, con sus garantías de transparencia e igualdad de oferentes para poder adquirir los vehículos a un precio más conveniente para el Estado”, señaló Esteban Bría.

Entre los expedientes con montos más voluminosos aparecen el 2-30754/2016, de octubre del año pasado, cuando se compraron 80 pick-ups por 53.234.000 mil pesos.

También figura el 184-48564/2016, por el que se adquirieron tres mil chalecos antibala por 50.700.000 pesos.

Eso, sin contar el ya mencionado por la compra de autos por 106 millones, y uno anterior –expediente 2-30811/2016– por 63.460.128 pesos, también para 105 vehículos destinados a la divisiones CAP, Caminera, Bomberos, Comunicaciones, Eter y Explosivos, entre otras.

Casi la totalidad de estas resoluciones de compra directa fueron emitidas por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba, entre julio de 2016 y marzo de 2017.

Vale aclararlo: la Provincia dispone de estas herramientas legales para efectuar estas compras y, mientras la Justicia no disponga otra cosa, los cuestionamientos de la oposición giran alrededor de la interpretación que se hace del carácter de “urgencia”.