Este Diario confirmó que uno de los militares que fueron condenados por el homicidio de Carlos Moreno en la última dictadura fue internado en la sala de cuidados intensivos del Sanatorio Tandil a raíz de un agravamiento de su cuadro de salud, situación que ya había evidenciado antes de iniciarse el juicio oral y público el mes pasado y que mereció el beneficio del arresto domiciliario.

Una vez iniciada la audiencia, el Tribunal Federal marplatense, por disposición de su presidente Roberto Falcone, dispuso que todos los acusados (Julio Tomassi, Roque Pappalardo, José Luis Ojeda y los hermanos Julio y Emilio Méndez) permanezcan en prisión durante el curso del juicio, disposición que se ratificó en el fallo condenatorio, a pesar que la defensa del militar en cuestión subrayó en su alegato la posibilidad que fuera considerado el estado de su salud y el riesgo de estar tras las rejas.

Sin embargo, como el propio veredicto lo especificó, los jueces resolvieron condenarlo junto a los otros dos militares a las penas de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudieran percibir más las costas del proceso, por resultar autores directos penalmente responsables por su condición de funcionario público de los delitos de privación ilegal doblemente agravada, por tratarse de funcionarios públicos y haber sido cometidos con violencia, imposición de tormentos doblemente agravados por tratarse de funcionarios públicos contra un perseguido político; y homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Carlos Alberto Moreno, los que concurren realmente entre sí.

Asimismo se dispuso iniciar el procedimiento de destitución de los nombrados, oficiando al Ministerio de Defensa de la Nación con remisión de los antecedentes del caso, artículos 19, anexo 4, Ley 26.394.

Ex comisario con prisión domiciliaria

También en el marco del juicio por el caso Moreno y sus repercusiones, se conoció que uno de los detenidos durante pleno juicio por la desaparición y muerte del abogado Moreno, Alberto Balquinta, fue beneficiado con el arresto domiciliario por su edad.

Según se indicó, el juez Federal de Azul, Juan José Comparato, benefició al ex comisario Alberto Balquinta, quien fue detenido durante el juicio por la desaparición y muerte del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, al arresto domiciliario.

Como oportunamente se detalló, Balquinta estuvo al frente de la comisaría Primera de Olavarría en el año 1977, cuando desapareció Moreno. Durante el juicio se abrió una causa paralela para investigar la desaparición del ex comisario en el hecho, por lo que fue detenido y puesto a disposición del juez azuleño, quien luego de tomarle declaración indagatoria confirmó la prisión preventiva del policía, pero le concedió el beneficio del arresto domiciliario, por ser mayor de 70 años.

Su detención se dio en medio de la audiencia, a partir de imputaciones concretas que se dieron en el marco de los testimonios que desfilaron por el Aula Magna de la Unicén.

Es que se escucharon testimoniales que lo incriminaron directamente –de hecho hay causas abiertas en su contra-, por lo que el Tribunal dispuso su detención por aquellos días, incomunicado, a disposición del juez Comparato.

Para arribar a dicha resolución, se tuvo que escuchar el esclarecedor relato del doctor Mario Gubitosi, colega contemporáneo de Moreno, que trabajaban con las mismas causas laborales contra Loma Negra y la “famosa” silicosis. Gubitosi, frente al secuestro sufrido y las señales contundentes de lo que iba a ser su futuro inmediato de persistir con su trabajo se fue del país. Moreno se quedó, tomó la posta de aquellos expedientes y terminó asesinado.

Al respecto del arresto domiciliario, el doctor Manuel Marañón de la Apdh de Azul se quejó, señalando que "éste es un criterio que muy pocos jueces siguen sosteniendo en el país, que el solo hecho de una cuestión de edad habilite de por sí el arresto domiciliario. Cuando uno concede un beneficio de esta naturaleza se mensuran y se tienen en cuenta otros parámetros que tienen que ver con el efectivo riesgo procesal de una persona que debería estar en una unidad penitenciaria y no en su propio domicilio con todas las posibilidades que ello conlleva".

Recordó el letrado que " tuvimos una incidencia con el quien fuera el coronel Ignacio Aníbal Verdura al que denunciamos la violación del arresto domiciliario porque se lo había visto haciendo footing en la plaza del centro del pueblo donde vivía".

Marañón adelantó que la Asamblea apeló la medida y aguardan la resolución de las instancias superiores "en cuanto a la modalidad en que debería cumplir la prisión preventiva una persona como Balquinta que tiene tales imputaciones", indicó el abogado.