Myriam Do Brito, una de las oradoras, reclamó que en la documentación que el Ejecutivo adjuntaba a los vecinos no figurara el nuevo contrato para la prestadora. Eran 16 los inscriptos para reflejar su opinión en la audiencia pública de ayer, pero finalmente cuatro faltaron a la cita. Américo Ulloga fue el primer inscripto en opinar. Se ajustó a la implementación del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) en Comodoro Rivadavia. Planteó que a la fecha nadie especificó a los usuarios cuál será el costo del boleto que actualmente y subsidiado para todos los pasajeros oscila entre los $6 y $6,50, según la sección.Vanesa Bachman, habitante del Centro, consideró que la prórroga que extenderá al contrato de Patagonia Argentina hasta 2022 en nada tiene en cuenta al usuario. "En 2017 (cuando vence el contrato actual) se debería llamar nuevamente a licitación. No sé por qué lo hacemos en este momento en el que deberíamos discutir solo la SUBE", reclamó.Señaló que no se está teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, dado que se plantea una flota de 125 unidades que deberían ser suficientes hasta el indicado 2022 cuando actualmente un día hábil en hora pico ya es evidente que esa cantidad de colectivos no es suficiente. "La SUBE puede implementarse tranquilamente sin necesidad de extender el contrato; esta firma claramente no beneficia al usuario para nada", argumentó.Federico Fernández, también habitante del Centro, consideró que la tarjeta SUBE "se está utilizando como una excusa de lo que en realidad se va a hacer, que es la prórroga del contrato. No entiendo por qué se hace faltando un mes para la finalización de la gestión".El joven también cuestionó la calidad del servicio. Indicó que no se respetan las frecuencias y horarios, que las unidades se detienen en mitad de la acera y los adultos mayores no pueden ascender, y que los choferes inician la marcha cuando aún hay pasajeros subiendo. Agregó la falta de información sobre el recorrido de las líneas.

SIN ACCESO AL CONTRATO

Myriam Do Brito también se pronunció "en contra de la prórroga" considerando apresurado el tratamiento cuando el contrato vence en 2017, y más ante una gestión que se está por retirar. "Podríamos implementar la SUBE sin necesidad de dar la prórroga", afirmó.Consideró que no es el momento oportuno para extender el contrato en función del crecimiento poblacional que habrá de acá a cinco años y esgrimió críticas al servicio de idéntico tenor que las ya expuestas. Ponderó por último que con la nueva tecnología cambiará el sistema de rendición de cuentas y reclamó que en la documentación que el Ejecutivo adjuntaba a los vecinos para participar no se contó con el nuevo contrato para la prestadora.Juan Martín Hammerschmidth fue otro de los que consideró apresurado prorrogar ahora el contrato, "más que nada porque me interesa que haya mayor oferta en cuanto a actores interesados en prestar el servicio y que los usuarios tengamos voz y voto sobre cuál es la mejor opción". También pidió que se unifique el criterio que aplican los choferes cuando un usuario requiera pagar con efectivo ante olvido o extravío de la tarjeta y planteó que los usuarios deberían tener acceso a la información que surja del sistema SUBE. Asimismo, consideró "insultante" que en la documentación vinculada a la audiencia no existiera una sola oración dedicada al usuario.Federico Devana se pronunció en idéntico sentido. Agregó que la empresa tuvo desde 2007 a la fecha el tiempo suficiente para amortizar la inversión por la que hoy pide la prórroga contractual. Indicó que hacer la extensión hoy determina que el servicio continúe hasta 2022 con la misma cantidad de unidades afectadas. También reclamó por la ausencia de los concejales en la audiencia. Preguntó de qué manera tendrán en cuenta los planteos efectuados.

SE DURMIO

Lucía González Almirón llamó la atención sobre dos faltas de respeto a los vecinos: la ausencia de concejales en la audiencia y el hecho de que Ricardo Blanco, referente de Transporte Diadema, se hubiera quedado dormido en su silla durante gran parte de la audiencia. Tras varios cuestionamientos a la calidad del servicio, además recriminó la prórroga al plantear que "la amortización de las máquinas no equivalen a otros cinco años de monopolio; esto parece un negociado, no veo otro fin sinceramente".Héctor Rocha, en tanto, consideró un progreso la implementación del SUBE. Entendió que se trata de mejores controles estatales en materia de subsidios, aunque también recriminó la prórroga que consideró "que hipoteca el futuro de los usuarios".Al agregar que desconocía el contenido del nuevo contrato, preguntó si a las unidades afectadas se les realiza la Verificación Técnica Vehicular, "porque no se estaría realizando la inspección física de los vehículos sino que se hace vía telefónica con una oficina en Rawson que pertenece a un empleado del Ministerio de Gobierno".Nancy Mariscal Vargas también echó en falta el acceso al contrato extendido y consideró sorprendente que en ningún punto se hablara de los derechos del usuario. Cuestionó el servicio y la falta de accesibilidad a personas con discapacidad o adultos mayores, con lo que concluyó: "no me parece conveniente a los intereses del municipio pagar durante cinco años el costo de este acuerdo. No es justo para el usuario y le quiero pedir a los concejales que no aprueben esto porque el costo lo pagamos los usuarios, que estamos en desventaja".Verónica Myburgh dio la bienvenida a la SUBE ironizando que pasaron tres años desde que anunciaron su implementación, y coincidió en el rechazo a la prórroga contractural. Consideró una vergüenza la ausencia de los concejales. Y señaló que depende del reflejo que den los medios de comunicación de lo dicho en el recinto para que se enteren sobre el contenido de la audiencia.