A la hora de establecer prioridades, la administración saliente nunca puso a los trabajadores en primer lugar, a pesar de que hay más de mil empleados sin terminar de cobrar sus haberes y aunque les adeudan las horas extras desde julio, se pagó la mitad de los sueldos de los funcionarios.

Al grito de "López ya se va" los trabajadores tomaron el hall de ingreso de la municipalidad y posteriormente se trasladaron al Concejo Deliberante donde fueron recibidos por los concejales Ignacio Barrena, Carolina Robert, Graciana Maizzani, Andrea Cáceres, Marisa Roldán y Ernesto Mancino.

Vale recordar que al mes de julio ingresaron 900 trabajadores de la mano del intendente saliente; a muchos no se les conoce la cara ya que nunca aparecieron por la municipalidad, mientras que a otros se los acomodó estratégicamente. 

A partir del 28 de octubre los responsables de cada área están rastreando a cada uno y ubicándolos en los lugares designados originalmente para que no se note que están al pedo como bocina de avión y disimular el ingreso irrestricto de militantes, amigos, familiares de funcionarios.

El Tribunal de Cuentas de la provincia amonestó a las autoridades municipales en más de una oportunidad por los excesos en las contrataciones de destajistas. "Las contrataciones a destajo son realizadas en forma habitual y regular, no encontrándose justificado su carácter eventual o estacional", afirmó, y recordó que ese tipo de contrataciones debe hacerse de manera excepcional y restrictiva, pero "los López" no acusaron recibo.

Otro punto de conflicto entre el Ejecutivo y los trabajadores son los ascensos otorgados a amigos, militantes y familiares de los funcionarios más allegados a López. "La gestión actual de gobierno ha repartido a ‘diestra y siniestra’ cargos con categorías altas y copiosa carga horaria sin respetar a la planta permanente trabajadora comunal. Así, personas sin ninguna antigüedad han pasado a revistar en categorías altas, de modo intempestivo, violando el derecho de quien podría haber concursado ese cargo".

El sindicato denunció oportunamente que “esos abusos ilegítimos, carentes de toda legalidad, se han dado en varias áreas comunales, como los hospitales de Necochea y Quequén, la planta de Obras Sanitarias y dentro del Palacio Municipal, entre otros".