El desorden catastral que impera en Yerba Buena se convirtió en una de las principales preocupaciones de la gestión que encabeza el intendente radical Mariano Campero. Al punto que el jefe municipal busca que el Concejo Deliberante apruebe la implementación de un “blanqueo” de las obras que violan el Código de Ordenamiento Urbano (COU). 

El proyecto de ordenanza firmado por Campero y por el secretario de Obras Públicas y de Planeamiento Urbano, José Luis Ferroni, prevé la creación de un Plan Excepcional de Regularización de obras que no respetan el COU municipal. El beneficio alcanza a las edificaciones con fines comerciales en construcción o ya ejecutadas en su totalidad, que carezcan de la documentación técnica aprobada al Código, a sus normas complementarias o sus modificaciones. 

La iniciativa fue elevada por la Intendencia al Concejo Deliberante luego de la polémica generada por la construcción de las torres de la compañía Alperovich Group sobre la avenida Perón. Luego de varias idas y vueltas administrativas, el Tribunal de Faltas de Yerba Buena condenó a la constructora a pagar $ 4,6 millones debido a una serie de infracciones al Código. Tras esa multa, el empresario Naum Alperovich firmó un convenio con el municipio, por el que se comprometió a construir una calle que va desde las avenidas presidente Perón y Fanzolato -donde se erigen sus edificios- hasta las canchas de rugby y de hockey del country Jockey Club. 

Según precisó el jefe de Gabinete de ese municipio, Manuel Courel, la polémica por las torres del Alperovich Group fue la “más mediática”. Sin embargo, precisó, hay muchísimas otras obras en similar situación. Se trata, adujo, de construcciones aprobadas por la anterior gestión por fuera del COU y sin ordenanzas de excepción que lo justifiquen. En su mayoría, añadió Courel, se trata de unos 35 emprendimientos comerciales que superaron el porcentaje de ocupación del suelo permitido (FOT). “Sabemos que el nuestro es un Código obsoleto, creado cuando Yerba Buena era una ciudad dormitorio; hoy es un municipio ‘mixto’. Por eso, con este blanqueo pretendemos dar una solución a los emprendimientos ya construidos”, justificó el funcionario. Expresó que es necesario modificar el COU a las necesidades actuales, pero que esa discusión demandará varios años. Mientras, apelaron a esta alternativa, que tomaron a partir de experiencias de otras ciudades, como Mar del Plata. 

El plan prevé que aquellos empresarios que se acojan al beneficio podrán solicitar el certificado de Propiedad Horizontal y, por cada metro excedido en la construcción, deberán pagar una multa y deponer de cualquier litigio judicial con el municipio. 

Según los datos del municipio, se trata de unos 35 grandes emprendimientos comerciales que podrían acceder al blanqueo. En su mayoría, fueron emplazados sobre las avenidas Perón y Aconquija. 

Réplica opositora

El proyecto ingresó al Concejo en un momento de convulsión política e institucional. El cuerpo no logra ponerse de acuerdo para renovar autoridades, cuyos mandatos vencieron a fines de octubre, y la falta de actividad impide la asunción del radical Rodolfo Aranda. Este debe ocupar la banca que dejó libre Lisandro Argiró, quien asumió como secretario de Gobierno del municipio. 

De hecho, ya van seis sesiones consecutivas que cayeron por falta de quórum. En ese contexto, un cuarteto de concejales (los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz y los radicales Maximiliano García y Benjamín Zelaya) cuestionó la falta de respuestas de la Intendencia a sus pedidos de informes. Uno de los más ofuscados es Zelaya. El edil, como presidente de la comisión de Obras Públicas, había requerido el 21 de julio -por escrito- informes al Departamento Ejecutivo. 

En el texto, el opositor reclama un detalle completo de todas las obras y emprendimientos irregulares. No obstante, adujo, nunca obtuvo una respuesta oficial de la Intendencia. 

En paralelo, Zelaya, García, Aguirre y Aráoz presentaron en la semana su tercer pedido de interpelación; en este caso, dirigido a Campero y a Courel. Elaboraron un cuestionario con 10 preguntas referidas al acuerdo alcanzado entre el municipio y el Alperovich Group. “¿Cuál es el criterio en el que se basó el municipio para establecer el monto de la multa impuesta a la Empresa León Alperovich Group SA?”, es una de las preguntas. También, pretenden que Campero explique por qué acordó con esa empresa “canjear como si fuese un trueque la construcción de una calle”. 

Con anterioridad, los ediles opositores habían reclamado que el intendente comparezca en el recinto para responder por la tragedia que se cobró la vida de un niño de cinco años, que murió aplastado por un eucalipto. Luego, impulsaron la interpelación de Courel y del contador general del municipio, Adolfo Haga, por la polémica contratación directa de la consultora Reale Dalla Torre (RDT).