El fiscal de Estado es investigado por favorecer al grupo Vila - Manzano. Fue suspendido en agosto de 2012 y recién el próximo jueves se iniciará la parte más importante del proceso en su contra.
De Rosas fue alejado de sus funciones en agosto de 2012 por fuertes sospechas de mal desempeño, al favorecer con sus acciones al grupo Vila-Manzano.
Cabe destacar que, oficialmente, la razón de la demora fue que al Jury de Enjuiciamiento todavía le faltaba reunir algunas pruebas. Pero también influyeron las prioridades de los propios miembros del Jury, el organismo de jueces y políticos que juzgará a De Rosas para definir si corresponde destituirlo o permitir que siga en su cargo.
Hay quince testigos que declararán en la causa. El proceso se iniciará el próximo jueves, continuará el viernes -en ambas jornadas se trabajará durante la mañana y la tarde- y, aseguraron, que de ser necesario también el día sábado se continuará con el proceso.
El Jury estará formado por 21 miembros: los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, siete diputados y siete senadores.
La máxima autoridad de Justicia de la provincia está formada por los jueces: Pedro Llorente, Mario Adaro, Carlos Böhm, Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini y Palermo.
En tanto que los siete diputados que formarán el Jury de Enjuiciamiento son: Luis Francisco (PJ), Silvia Ramos (PJ), Néstor Parés (UCR), Héctor Quevedo (UCR), Néstor Guizzardi (UCR), Mónica Salazar (PJ) y Aldo Vinci (PD).
Los senadores son: Andrés Da Rold (PJ), Fernando Simón (PJ), Juan Carlos Jaliff (UCR), Sergio Moralejo (UCR), Ernesto Corvalán (PD), Néstor Márques (Unidad Popular) y Ricardo Pettignano (PJ).
El procurador de la Corte, Rodolfo González, oficiará de acusador en el proceso; mientras que el defensor De Rosas será el abogado Roberto Godoy Lemos. Mientras que los legisladores que lo denunciaron podrán constituirse como querellantes particulares.
La historia
De Rosas fue denunciado en 2012 ante el Jury por un grupo de legisladores opositores que lo consideró responsable de diversas acciones en contra del Estado que debía proteger.
El Jury pasó el filtro a las denuncias y finalmente lo suspendió, el 16 de agosto de 2012, por la causa de Divisadero Largo, en una apretada votación.
En ese capítulo se investiga si el fiscal beneficio a Daniel Vila y a la firma Dalvian SA en una expropiación de terrenos privados para constituir la reserva natural ubicada al oeste de la Capital.
La familia Vila el Estado provincial le pagó entre 14 y 17 pesos por metro cuadrado a expropiar (unos 3,5 millones de pesos en total), mientras que sus vecinos recibieron menos de 3 pesos por metro. De Rosas apeló el reclamo de los vecinos que querían cobrar más, pero llamativamente no el del empresario de medios. La Corte, a su turno, convalidó el precio menor y sugirió investigar las diferencias de conducta del fiscal.
La maraña se extendió después a una maniobra para que Vila compensara deudas que tenía con el Ente de Fondos Residuales de la provincia (EFOR), gracias a los montos recibidos de parte del propio Estado provincial en la expropiación. Esa compensación, que también fue avalada por el fiscal, se realizó en 2007.
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