En el escrito también se expresó el rechazo unánime a esta medida, por parte de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno. Una de las razones que dieron fue que el Ejecutivo no está obligado a adherir a la norma.

El proyecto para adherir a la guía se está analizando en la Legislatura.

El amparo fue presentado por un grupo de personas, representadas por Valentina Tarqui Lucero, ante el Juzgado Civil Nº 15, a cargo de la magistrada María Mercedes Herrera.

La jueza rechazó la acción de amparo, promovida por Victoria Valentina Soria de Paula Santos y María Julia Morcos, con costas a su cargo.

El rechazo está fundado, entre otras razones, en que a entender de la jueza no está legitimada debidamente la voluntad de todas las personas que aparecen firmando la presentación. Esto debido a que el escrito lo firmó la abogada patrocinante y presentó una planilla, con los nombres de un grupo de personas.

En la resolución de la jueza se expresó el rechazo por esta causa. “No contienen los recaudos mínimos que puedan llevar a determinar que las personas allí mencionadas estén dispuestas a promover la acción de amparo que en su nombre se ejercita”, se detalla en el escrito.

Sin obligación

El mismo argumento de la Justicia lo utilizaron la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado, que rechazaron de plano el pedido. Esto está en consonancia con la postura que adoptó el Ejecutivo, desde que comenzó el tratamiento del proyecto de ley para adherir a la guía nacional.

El proyecto de adhesión a la guía tiene media sanción.

En el escrito, firmado por el asesor letrado del Gobierno, César Mosso Giannini, se solicitó rechazar el amparo por asegurar que las amparistas carecen de legitimación suficiente, pero además por entender que no existe un acto de omisión, ya que la Provincia “no se encuentra obligada” adherir a la guía nacional.

En el escrito firmado por el Asesor de Gobierno también se resalta el derecho humano fundamental de “la inviolabilidad de la vida de todo ser humano desde el momento de su concepción”.

“La constitución de Mendoza contempla el derecho a la vida de las personas que lo son desde el instante mismo en el que el espermatozoide fecunda al óvulo. Esa vida está protegida y tutelada por el ordenamiento jurídico, con independencia de la vida de la madre que la lleva en su seno e indisponible para todos”, se lee en el escrito firmado por Mosso Giannini.

En el rechazo de Asesoría de Gobierno se destaca que teniendo en cuenta que el derecho de la inviolabilidad de la vida está garantizado por la constitución, “no se puede obligar al Estado a que implemente o adhiera a un protocolo que aparece violatorio de tal fundamental derecho”.

Marcha contra la aprobación de la guía.

Por esto, Mosso Giannini consideró que la pretensión del amparo implica una “colisión axiológica, entre los derechos humanos de la mujer embarazada y los del niño que tiene en su seno”. Y asegura que si se opta por dar mayor relevancia a los primeros, se vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño”.

“Si se tiene que optar por restringir un derecho nunca podría ser el del niño por nacer; es más: el aborto no limita el derecho del niño sino que sin más directamente elimina la persona. Es importante recordar que el Estado provincial asiste con sus diversos programas sanitarios y médicos a las embarazadas y parturientas, y especialmente en los supuestos de violación y con problemas de salud”, dice en otro párrafo el titular de la Asesoría de Gobierno.

Mosso Giannini también expresó que en un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia se puso de manifiesto que siempre debe prevalecer el derecho del niño. “Resulta claro que es cuestionable, desde los jurídico, que se obligue al Gobierno de Mendoza a facilitar sus servicios públicos sanitarios en orden a los principios y reglas antes sentadas que ponen en resalto el derecho de niño, como derecho de rango superior”, aclara.

En representación de la Fiscalía de Estado, Javier Fernández también pidió el rechazo de la medida, por entender que el “razonamiento que la orienta resulta erróneo”.

En el escrito de Fernández también se asegura que existe una falta de legitimación, ya que las personas que firman el escrito “no acreditan su calidad de partes”.

En el escrito también se detalla que en el seno de la Legislatura se está analizando el proyecto que prevé la adhesión a la guía y consideró que, de acceder al pedido de los amparistas, se produciría un conflicto de poderes que afectaría al sistema republicano.