- Al parecer, el temor de ser juzgado públicamente y sobretodo que su hijo, Juan Esteban, tenga que pasar por estas humillantes instancias es cada vez más pavoroso para el senador nacional, Juan Carlos Romero, quien ahora recurrió a un magistrado que promovió personalmente cuando era gobernador.

Tal como lo adelantó , Romero renovó no solo el staff de su defensa legal, sino también cambió la estrategia legal a seguir para frenar el juicio que se avecina en su contra por la causa del hangar, y con ello obtener el tiempo suficiente de cara a una nueva candidatura a gobernador.

En su nueva maniobra legal, la defensa de Romero presentó en la justicia federal un planteo de incompetencia por vía de inhibición en torno a la causa del hangar, proceso penal que ya fue elevado a juicio por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejo.

Este requerimiento incluso ya cuenta con un fallo favorable de parte del Juzgado de Garantías 5, a cargo del juez Héctor Martínez, quien rechazó numerosos nulidades interpuestas por la defensa de Romero.

A través de este planteo, lo que Romero pretende es que las actuaciones judiciales abiertas por el fiscal, Guillermo Akemeier, pasen del fuero provincial a la órbita federal, con lo cual el juicio público a Romero quedaría truncado.

Para conseguir este objetivo, Romero dio curso a la receta que le trajo nada menos que su ex secretario de Derechos Humanos durante su gobierno, Oscar Guillén, quien asumió ahora el timón legal de la defensa del ex gobernador.

El argumento expuesto para sacar la causa de la justicia provincial gira en torno al concepto de que el predio en discusión, o sea el hangar, se encuentra en el predio del aeropuerto, y por ende todo lo que allí sucede debe ser atendido por la justicia federal, pues se trata de una establecimiento nacional.

La estrategia que este abogado, procedente del departamento General San Martín, puso en juego no hace más que evidenciar el miedo de Romero. Temor que lo llevó a exigir de un hombre que mentó y promovió, un favor que lo salve del alcance del brazo de la Ley que se cierne sobre él y su hijo.

Sin dudas, lo que Romero espera es que Medina haga lugar al pedido de su nuevo defensor, algo que infiere será un trámite. El ex gobernador prácticamente tocó a su puerta para una devolución de favores, y no espera tener que hacerle recordar al hoy magistrado la vida que tenía como asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia. Y, sobretodo, lo que le costó llevarlo como apoderado del Partido Justicialista y luego convertirlo en juez federal.

Esta maniobra evidencia indudablemente que Romero está seriamente comprometido en la causa del hangar, la única de ocho causas penales abierta en su contra que más avanzó e incluso ya se encuentra listas para que se fije fecha de juicio.

La causa del hangar

La investigación por la cesión del hangar fue realizada por el fiscal, Guillermo Akemeier, quien logró probar de la investigación societaria de las empresas de Romero, que la cesión fue en realidad una maniobra de la que el ex gobernador tenía dominio desde un principio.

Romero y su hijo, ayudados por el ex secretario General de la Gobernación, Raúl Medina y el ex director de Aviación Civil, Ricardo Funes, llevaron adelante la propiciación de un convenio a través del cual la provincia le cedió, en comodato, un hangar a la empresa Finca La Represa, presidida por Juan Esteban Romero.

Cuando esto se conoció, en noviembre del año 2012, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos abrió una causa e investigo los entretelones de esta cesión, la cual se realizó en noviembre de 2007, días antes de que Romera cesara en sus funciones como gobernador.

Al husmear en la composición societaria de Finca La Represa, el fiscal Akemeier descubrió y probó con registros de asambleas que esta firma estaba controlada por otra sociedad, a saber Avión Sur, en la cual Juan Carlos Romero es socio mayoritario, con lo cual quedó probado que Finca La Represa fue una pantalla para ocultar al ex gobernador en la negociación.

Por estos hechos, el fiscal imputó a Romero, su hijo, Medina y Funes los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al estado”, acusaciones por las cuales el ex gobernador y su hijo podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión.

Si bien Romero, por su condición de senador nacional, podría hasta no asistir al juicio en su contra e incluso de ser condenado no sería detenido, debido a que primero el Senado de la Nación debe quitarle sus fueros, quien si podría terminar encarcelado es su hijo, lo cual obviamente es algo inaceptable para los Romero.