La instalación de las cámaras en las puertas de los boliches casi no generó discusión en la reunión que se realizó ayer entre legisladores y empresarios de la noche. Tampoco los plazos para hacerlo. Ni siquiera las sanciones que sufrirán aquellos que no cumplan. Lo que avivó el debate y abroqueló a los bolicheros fue la presencia del IPLA en el texto del proyecto. Y dijeron que no. No, no y no. Se opusieron con tanta firmeza a que ese organismo sea la autoridad de aplicación que a los políticos no les quedó otra opción que hacerles caso.

Los miembros de la comisión de Seguridad de la Legislatura recibieron a los empresarios para que opinen sobre un proyecto que llegará al recinto hoy: propone la instalación de cámaras de seguridad -que cubran el perímetro exterior- en los accesos a los locales bailables. Según la propuesta, cuyo objetivo es generar más seguridad, deberán comenzar a grabar una hora antes de que se abran las puertas y tendrán que hacerlo hasta 60 minutos después del cierre. Las filmaciones serán guardadas un año, habrá que considerarlas confidenciales y solo podrán ser entregadas si la Justicia las pide (ninguna autoridad administrativa podrá requerirlas).

Los legisladores oficialistas Gerónimo Vargas Aignasse, Fernando Juri, José Teri, Marcelo Caponio, Gregorio García Biagosch y Jesús Salim, y el opositor José Páez (no forma parte de la comisión) recibieron a 13 empresarios. Estaba el presidente de la Cámara de Discotecas, Rodolfo Di Pinto; algunos históricos, como Ricardo Farías, y otros más nuevos, como el hijo de Farías y el organizador de fiestas Hernán Iramain.

Los bolicheros no perdieron tiempo: criticaron el tope horario y denunciaron que en Facultades de la UNT, especialmente en la zona del parque 9 de Julio, se realizan fiestas todos los fines de semana que terminan mucho después de las 4am. También renegaron de la presión fiscal a la que dicen estar sometidos.

Con el texto del proyecto en la mano fueron al grano y apuntaron contra el artículo 6: establece que la autoridad de aplicación será el IPLA (también controla que se cumpla el tope horario, entre otras cosas). "Hay mucha arbitrariedad en su funcionamiento, en la fiscalización, en los controles que hace. En muchos casos, han labrado actas por presencia de menores adentro de los boliches que no eran menores. Los inspectores han ingresado a locales, pero labraron actas diciendo que se les impidió la entrada...", enumeró Di Pinto. Sus colegas reforzaron los argumento. Finalmente, los empresarios propusieron que sea Defensa Civil de la Provincia la que controle que la ley se cumpla, si el proyecto llega a ser aprobado hoy.

"Sabemos que la responsabilidad del empresario termina adentro del boliche. La calle es responsabilidad del Estado y ellos generosamente aportarán sus recursos para tener pruebas e imágenes de todo lo que ocurre a la salida", destacó Vargas Aignasse, autor de la propuesta. Agregó que la comisión pretende seguir manteniendo encuentros con ellos.

Luego de una hora de debate, los empresarios lograron insertar otras modificaciones. Una de ellas es que se especifique claramente que ninguna autoridad administrativa solicitará las filmaciones. La única que podrá hacerlo es la Justicia. Al final de la reunión se mostraron conformes. "Con las condiciones que se establecieron en esta mesa, es un sistema de control muy bueno", destacó Di Pinto.