Así fue como, tras la asunción de Sergio Cassinotti en la presidencia de la obra social, no sólo se tomó la decisión política de no hacer ningún tipo de auditoría de corte que indague profundamente por el vaciamiento del Instituto que, según denuncian los profesionales de la obra social, generó un agujero en sólo un año de 2800 millones de pesos producto de los exorbitantes sobreprecios que se habría pagando en diferentes contrataciones. Lo más grave es que, teniendo la oportunidad de hacer un cambio profundo, las actuales autoridades han decidido mantener en el cargo a gran parte deldirectorio involucrado en 15 denuncias penales.

Entre los denunciados que sigue en funciones se encuentran: Ana Paula Ruggiero, directora general de regionalización; y el director general de Recursos Humanos, Marcelo Seara; y la mayoría de los directores de las distintas regiones. Lo mismo ocurre con la directora de Afiliaciones,  Eugenia Rosilló Acuña; el director de Sistema de Información, Oreste Luis Carlino; el director de Programas Específicos, Pelayo Aner Romero y el director de Coordinación de Regiones, Gabriel González. A ellos hay que sumarles a Humberto Jorge Pumo, actual vocal del directorio y vicepresidente IOMA durante la gestión del sciolista Antonio La Scaleia; y los vocales gremiales Patricia Viviana Nisembaum (Suteba) y Luis Pérez (UPCN)

Distintas fuentes del IOMA, consultadas por Hoy, informaron que en el gobierno bonaerense habría tomado la decisión política de no avanzar en la investigación de los casos de corrupción que involucran a dirigentes de gremios como UPCN y Suteba. “Primero tienen que terminar las paritarias, después veremos”, dijeron a Hoy. La impunidad, una vez más, está a la vuelta de la esquina.