El bloque de Diputados del FCS-Cambiemos intentará esta semana introducir una serie de modificaciones al proyecto de ley de necesidad de reforma de la Constitución Provincial. En la última sesión, asumieron el compromiso de que en la reunión de Asuntos Constitucionales de hoy incorporarán al expediente un trabajo que realizaron con propuestas para "enriquecer" el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Entre otras cuestiones, plantea la regionalización para el desarrollo económico de la Provincia, formas de auditar la hacienda pública, garantizar el derecho a la información y el acceso a la Justicia.

En el marco del debate sobre cuándo se trataría la ley de necesidad de reforma en la Cámara Baja, el FCS anunció que incorporará al expediente una serie de modificaciones. Éstas son fruto de un trabajo realizado junto a un grupo de abogados y marcaron algunas diferencias con los puntos que ya tenían la aprobación del Senado.

Entre otras cuestiones, la oposición plantea que Contaduría General se convierta en el organismo de control interno de la hacienda pública y que el Tribunal de Cuentas se incorpore como órgano de control con autonomía funcional, con posibilidad de juicio político a sus miembros. Esta postura se diferencia de la que el Gobierno planteó en primera instancia, cuando se propuso la creación de la Sindicatura General como instituto de control interno y la Auditoría General como control externo.

Además, plantea una reorganización del Poder Judicial. El Gobierno había solicitado la implementación de concursos públicos para ingresar a la Justicia, otorgar rango constitucional al Consejo de la Magistratura y al Defensor del Pueblo, como también una transformación de la Policía Judicial. Por su parte, el FCS plantea que se fije un tope de edad para la inamovilidad de magistrados, además que se garantice el acceso a la justicia y una duración razonable de los plazos procesales.

Entre otras cuestiones, plantea también una fuerte relevancia a la preservación del medio ambiente y el carácter de bien social del agua.

También plantea la inclusión del derecho a la información pública, la prohibición de discriminación por orientación sexual y perspectiva de género, derechos de consumidor y usuario y garantía de la protección integral de las personas con discapacidad.

En el ámbito económico, plantea la creación del Consejo Económico y Social, impulsar el desarrollo de la actividad productiva y la iniciativa privada, una redefinición de la zona de frontera y la creación de regiones orientadas al desarrollo económico y social.

Respecto de lo político, coinciden con el Gobierno en la necesidad de dotar de certeza electoral, en la que se fije una fecha única para las elecciones generales. En el mismo sentido, pide que se respete la libertad de culto como requisito para ser elegido gobernador.