El conflicto político entre dos sectores de la Unión Cívica Radical provocó un terremoto en el Concejo Deliberante de Yerba Buena. Luego de que el concejal radical Rodolfo Aranda presentara un recurso de amparo en la Justicia porque hace cinco meses no puede asumir en su banca, las autoridades del cuerpo municipal lo acusaron de cobrar tributos de manera ilegal cuando estaba al frente de la Dirección de Saneamiento municipal.

Benjamín Zelaya (presidente), Héctor “Pilón” Aguirre (vice primero) y Lucas Cerúsico (vice segundo) presentaron ayer un proyecto de ordenanza para que se conforme una comisión investigadora.

En cinco artículos, los ediles de la oposición a la gestión del intendente también radical (Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos), Mariano Campero, solicitan la conformación de una Comisión Investigadora “para analizar la conducta y evaluar las posibles negligencias en el ejercicio de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio del Director de Saneamiento (por Aranda), relacionadas con el cobro ambulante y arbitrario de impuestos y tasas municipales”, reza el texto. Esa comisión también deberá evaluar la labor del sub director de la repartición, Miguel Gianfrancisco.

El proyecto indica que la comisión estará compuesta por los concejales José Macome (PRO), “Pilón” Aguirre (PJ), y Maximiliano García (UCR). García es hermano del legislador radical Ariel García.

Zelaya, Aguirre y Cerúsico justificaron que el proyecto se realizó porque Campero no respondió a un pedido de informes solicitado el 3 de marzo. La Mesa Directiva del Concejo había solicitado información que aclare el supuesto cobro de tasas municipales sin regulación, entregados en la zona de la Plaza Vieja. Los opositores habían deslizado que la irregularidad podría dar lugar a una acción ilegal por cobro indebido municipal e iniciar un procedimiento administrativo. Los concejales habían adjuntado en el pedido de informes dos fotocopias de recibo, ambos sellados y firmados, supuestamente, por Aranda. La particularidad de una de las boletas es que está fechada el 3 de diciembre, cuando el radical ya había renunciado y aguardaba por la sesión en la que juraría en su banca.

Concejal sin asumir

“El legislador Ariel García está detrás de esto. Él está detrás de esto por una animosidad manifiesta contra Campero. Indudablemente que se han prestado (los ediles opositores) al juego político del kirchnerismo y sus resabios, para afectar a Cambiemos”, se defendió el concejal Aranda.

El edil, que espera asumir en la banca que dejó Lisandro Argiró cuando asumió como jefe de Gabinete municipal, insistió en que el pedido de investigación busca que no pueda jurar en el recinto. “Pueden hacer las maniobras que quieran, pero yo no he cometido ningún ilícito. Los concejales opositores a la intendencia perderían los dos tercios si yo asumo. Por lo que cuando llegue dejarán de suceder estas situaciones rayanas a la tiranía. Han afectado a las instituciones al no dejarme asumir. Esto fue un manotazo de ahogado”, espetó Aranda.

El radical aliado a Campero reiteró que presentó su renuncia el 3 de noviembre, y que fue aceptada el 9 de ese mes. Ante la mora para realizar la jura en sesión, Aranda presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo (recayó en la sala II, a cargo de Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello).

“Esto no tiene otro objetivo que el de seguir desgastando a Cambiemos, que es el oficialismo en Yerba Buena”, finalizó el ex funcionario municipal.