El ministro de Gobierno Eduardo Mones Ruiz dijo según informa la agencia de noticias de la provincia que “los recursos para cumplir los sueños de todos los pueblos de San Luis los tenemos y se llaman ‘fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’. Son miles de millones de pesos que nos retuvieron mal de la coparticipación, algunos desde el año 2001”.

Y agregó: “Han pasado casi nueve meses desde el fallo de la Corte donde no se ha mostrado, por parte del Gobierno Nacional, una voluntad de pago”. Por eso, Mones Ruiz recordó cuando en 2002 intendentes de la provincia, junto con la entonces gobernadora Alicia Lemme, dieron “una batalla muy importante en Buenos Aires sobre los 500 millones de dólares que se le retuvieron a San Luis por el ‘corralito’; pese a que la Corte dijo que nos debían pagar, todavía no han sido abonados en su totalidad”.

Eduardo Allende, fiscal de Estado agregó que “hay gente que quiere mostrar a la coparticipación como una dádiva del Gobierno nacional y esto no es así; la Ley Federal de Impuestos establece que el 50% de la recaudación es para el Estado nacional y el resto se distribuye entre las Provincias de acuerdo a los porcentajes que le corresponde a cada una”, explicó.

Allende señaló que actualmente la Provincia mantiene 14 juicios contra la Nación, ámbito en el que se discute la violación de las garantías que desvirtuó el sistema de coparticipación, dejando de lado la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

“Durante los años 2008 y 2010 iniciamos los juicios donde reclamamos una correcta integración de lo que le corresponde a San Luis. En dos juicios ya tuvimos sentencia favorable, el 24 noviembre de 2015, donde la Corte nos dio la razón. La liquidación de estos dos juicios, a nuestro criterio, era de $11.500 millones; el gobernador decidió dialogar con la Nación para llegar a un acuerdo en la forma de pago, por eso hablamos con el procurador del Tesoro de la Nación en reiteradas oportunidades sin ningún resultado, lo mismo con el Ministerio del Interior, quienes nos derivaron al Ministerio de Hacienda, donde ni siquiera nos atendieron el teléfono”, señaló el fiscal de Estado.

“El total de la deuda reclamada judicialmente al día de hoy es de $32.300 millones. Esto es lo que decimos que el Estado nacional le debe a San Luis por distintos juicios de coparticipación”, detalló el funcionario.