La tensa relación que vienen manteniendo el Ejecutivo Municipal que comanda el intendente Ismael Passaglia y la empresa Vercelli Hnos, concesionaria del transporte público de pasajeros en el Partido de San Nicolás, se agudizó por estas horas como consecuencia de un decreto firmado por el Intendente que quita 12 años al actual período de la concesión. El recorte tiene por objeto sancionar una “situación de incumplimiento contractual” que la empresa negó rotundamente. Además, cuestionaron la legitimidad del procedimiento, ya que entienden que el Ejecutivo no es el órgano facultado para la aplicación de ese tipo de sanciones, sino el Concejo Deliberante (donde hasta el momento no hubo presentación alguna por parte del Ejecutivo).

“Procédase a acortar en doce años el plazo de concesión respecto al Contrato de Locación de Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el Partido de San Nicolás correspondiente a la Licitación Pública 01/2012 adjudicada a la firma Vercelli Hnos a partir del día de la fecha, por graves incumplimientos contractuales”, establece el primero de los cuatro artículos del decreto rubricado con las firmas del Intendente y del secretario de Gobierno, Ignacio Mateucci.

La redacción de tal artículo planteaba dudas en la empresa. La concesión original, otorgada en 2011, era por 21 años. Es decir, vencía en 2032. Así, lo que no quedaba del todo claro es si los 21 años originales se reducen ahora a 9 años (con lo que la concesión seguiría vigente hasta 2021), o si el período de concesión se achica a 12 años a partir de la firma del reciente decreto (con lo cual la concesión caducaría en 2026).

EL NORTE intentó ayer evacuar esa duda de interpretación ante los propios firmantes del decreto, pero a través del área municipal de Prensa se indicó que ni Passaglia ni Mateucci formularían declaraciones. Lo que se explicó extraoficialmente -añadiendo una interpretación que sin duda resultará sorpresiva para la propia prestataria- es que el decreto acorta la concesión hasta 2016. En este sentido, recordaron que en enero de 2013 -y también por la vía de un decreto- el Ejecutivo ya había quitado 5 años a la duración del vínculo contractual; y que ahora se quitan otros 12.

Desde la empresa -pese a que todavía sus directivos no salieron a formular declaraciones públicas- fuentes consultadas por EL NORTE advirtieron que avanzarán por la vía judicial por lo que consideran una decisión “arbitraria”, “injustificada” y, por sobre todo, “ilegítima” del Intendente.

Además consideraron que incluso la reducción de 5 años impulsada en 2013 “no quedó firme”, ya que no fue ratificada por el Concejo Deliberante. Desde el deliberativo confirmaron que aquel expediente permanece en comisión, sin tratamiento ni sanción. Sin embargo, desde el Palacio Municipal indicaron que el Ejecutivo está facultado para aplicar este tipo de sanciones sin que se requiera para ello el consentimiento del Concejo Deliberante. Y sostuvieron que aquello de 2013 no fue más que una mera notificación a los concejales de lo ya decidido.

En aquella anterior oportunidad, Vercelli Hnos había hecho una presentación ante la Justicia, para que el Contencioso Administrativo declarase la nulidad del decreto en cuestión. Y todo parece indicar que la empresa seguirá el mismo camino para hacer frente al nuevo decreto.

Rampas

El decreto firmado por el Intendente y el secretario de Gobierno (con fecha del 13 de marzo, aunque la cuestión recién tomó estado público ayer) es el punto en que desemboca una extensa situación de conflicto, notas cruzadas, actuaciones administrativas, cédulas, descargos y reuniones, cuyo origen se remonta al 24 de enero de 2013.

En esa fecha, Vercelli Hnos recibió del municipio una notificación con un repertorio de observaciones respecto a la prestación del servicio. Entre otros puntos, el escrito municipal exigía el cumplimiento de condiciones que habían sido estipuladas en el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones: en concreto, que 10 de los 80 coches que integran la flota del transporte público estuviesen adaptados para personas con capacidades diferentes. Entre otros dispositivos, tal adaptación suponía la instalación de rampas automáticas.

En respuesta, la empresa devolvió en febrero un escrito al municipio indicando “la imposibilidad de hacer funcionar debidamente esos dispositivos en virtud de la falta de infraestructura indispensable de las vías públicas”. Alegaban -y así lo dejaron asentado a través de un estudio técnico y actas notariales que incluyeron fotos y videos- que en la inmensa mayoría de las paradas de colectivo no existen puntos o plataformas de apoyo para las rampas, volviéndolas inútiles e incluso peligrosas para los usuarios con discapacidades. La empresa esperaba que el municipio se hiciera cargo de tales mejoras de infraestructura, para luego adquirir e instalar las rampas en los colectivos.

Después (ya en setiembre y octubre de 2013) hubo un cruce similar de notificaciones: invocando normativas nacionales y provinciales sobre accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad, Miguel Vignoles (titular del Consejo Asesor en Políticas sobre Discapacidad), señalaba deficiencias en el transporte público local; la empresa reiteraba que colocaría las rampas cuando la infraestructura de la ciudad estuviese preparada para su funcionamiento.

Sanciones

A través de una cédula, el municipio intimó luego a la empresa a los fines de que instalara las rampas y adecuase sus unidades en un plazo de 30 días. Eso ocurría el 9 de octubre de 2013.

El 21 de noviembre, la empresa comunicaba al municipio que había adquirido la primera de las diez rampas. Según aseguran en Vercelli Hnos, días antes hubo una reunión en que el Consejo Asesor, el municipio y la empresa acordaban responsabilidades y medidas para ir avanzando en conjunto. Pese a que no quedó acta de ese encuentro, en Vercelli Hnos aseguran que el compromiso de la parte municipal era el de ir adecuando progresivamente la infraestructura en las paradas de colectivo para que las rampas pudieran emplearse correctamente.

Un día más tarde, el 22 de noviembre de 2013, llegaba a Vercelli la imposición de la primera de las que terminarían siendo un total de dieciséis multas: la primera fue por el valor de 200 boletos; la segunda, por el de 400; la tercera, por el de 600; la cuarta, por el de 800; y las restantes fueron por el valor de 1.000 boletos cada una.

El 29 de noviembre, Vercelli Hnos notificó al municipio sobre la adquisición de las diez rampas: una de ellas ya instalada en un coche de la línea 512, y las restantes para ser instaladas en este mes de marzo por demoras propias de la empresa Perego -encargada de tales trabajos- debidas a “problemas políticos y económicos que afectan al país respecto a las importaciones”, según explicaron desde la concesionaria.

Tras la seguidilla de multas (que en la empresa consideran improcedente, dado que argumentan que se trata de una misma infracción sancionada en reiteradas oportunidades con multas de valor creciente) que abarcó entre el 22 de noviembre de 2013 y el 31 de enero de 2014, llegó entonces la sanción de fondo: el decreto que, según entienden en el municipio, motivará que el año que viene exista un llamado a licitación para la concesión del transporte público de pasajeros. Claro, primero habrá que ver cómo responde Vercelli Hnos. Y, sobre todo, la Justicia, si es que se confirma que la empresa recurrirá a ella.