Inseguridad en ascenso, hechos de corrupción que salen a la luz sin mostrar un cambio de paradigma, mensajes con tintes mafiosos y amenazas a denunciantes provocan una ascendente sensación de desgobierno que envuelve a la Policía Bonaerense y pone en jaque a su conducción, tanto policial como civil.

En un doble y confuso juego, por un lado aparece el enfrentamiento con un gobierno que prometió limpieza, exige declaraciones juradas y ha sacado a relucir hechos de corrupción. Por otro lado, en lo más oscuro de la relación, la propia Policía acusa que se le exige una “mayor recaudación” para las cajas negras, sobre cuya terminal se abre una nebulosa: ¿Los jefes de la Policía o el poder político? Por ahora, el ministro Cristian Ritondo prefiere llamarse a silencio.

“El problema siempre es la economía”; triste ironía de un ex funcionario de Seguridad para comenzar a explicar que “hay un desmadre absoluto, con problemas entre la Bonaerense y las policías locales, que se pisan los negocios entre ellas”. 

La denuncia de Elisa Carrió a Pablo Bressi, el jefe de la Policía Bonaerense, tiene algunos errores, como, por ejemplo, su presencia en la Departamental Morón. Sin embargo, en el fondo de la cuestión los cañones de “Lilita” van dirigidos más allá de la figura de Bressi y apuntan a la mafia policial. 

La Tecla consultó a políticos, ex miembros de la fuerza y policías en actividad. Ninguno pudo negar la existencia de esas cajas negras. Un efectivo de alto rango de la zona sur fue más allá. “Se exigió que la recaudación aumente; es difícil hacerlo cuando a la vez te mandan más auditorías y envían a Asuntos In-ternos hasta los puestos camineros, algo que nunca pasó antes”, se sinceró.

Según el uniformado, en una reunión que se habría producido en el ministerio a principios de año, les dijeron a los altos jefes que “nada ha cambiado, lo único que ha cambiado es que se debe recaudar el 30 por ciento más”. Otras fuentes policiales consultadas por este medio ratificaron que se pide más “colaboración”.

En esa doble imposición parece centrarse el meollo del conflicto. “Desde arriba les piden más, pero también los controlan más, y eso ha generado un profundo malestar. Además, si el flujo para arriba crece, queda menos en las comisarías y los de abajo no ligan nada; por eso hay malestar en la tropa”, aduce un ex funcionario que aún mantiene contactos con la fuerza.

Hay quienes desprenden a Bressi de esta situación y apuntan a su segundo, el coordinador Operativo de Seguridad, Rubén Fabián “Perro” Perroni, de enorme influencia sobre las segundas líneas. 

La prostitución y el jue-go fueron los eternos negocios. En los últimos años se agregó una peligrosa relación en muchos lugares con la droga. ¿Y los secuestros?. “Por acción u omisión, en los secuestros siempre hay responsabilidad de la Policía”, asevera un hombre que vivió de cerca la “época donde los secuestros eran moneda corriente, con el desencadenante del asesinato de Axel Blumberg”.

Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, “en los primeros seis meses de 2016 hubo menos secuestros que en igual período de 2015, registrándose este año 129 secuestros denunciados”; la mayoría en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, donde se registró un aumento, que se atribuye a bandas que operan en el Conurbano. Han crecido los asesinatos.

En círculos de la Bonaerense y del ámbito político reconocen que hay demasiado bajo fondo y que la fuerza se le va de las manos a la conducción política. Los intendentes tampoco quedan exceptuados del problema, porque el desorden también alcanza a la Policía Local.

“La nueva administración les sacó a los intendentes el control de la Policía, y les dicen a los jefes que no les pasen información a los responsables lo-cales, sólo a la cúpula”, afirma un funcionario de un distrito del sur. 

“Yo no quería la Comunal, pero la verdad es que es una solución, una Policía de proximidad que no está contaminada; pero hay que tenerla controlada”, de-fiende un intendente peronista de la zona norte. Su pronóstico es que “a veces los policías dejan hacer (a los delincuentes) para demostrar que ellos son necesarios, y acrecentar la fuerza con la misma lógica que tiene ahora”.

Una de las cuestiones más discutidas cuando se instauraron las policías locales fue si una vez puestas en funcionamiento no chocarían con la Bonaerense. Aquello tan temido es un hecho concreto hoy. “En muchos distritos, las locales son coordinadas por ex policías retirados, y se pisan una a la otra, van a tocar los mismos timbres”, coinciden tres hombres que como civiles tienen contacto con la cartera conducida por Ritondo.

El agravante es que en esos casos, la Local tampoco funciona como control de la Bonaerense, ya que si quien controla a la Policía de los municipios es un retirado activo, sigue bajo el ámbito del ministerio y de Asuntos Internos. “Nadie se va a animar a denunciar a un alto jefe en actividad”, apunta una de las fuentes consultadas.

La recaudación por los adicionales y las horas POLAD también es motivo de guerra interna. La Policía Local no puede hacer adicionales si no es en edificios municipales, pero, por acuerdos entre jefes de una y otra fuerza, efectivos de la Comunal suelen estar en lugares públicos o privados no municipales. Ese dinero se deposita en las comisarías y no en el ministerio. 

Tampoco los adicionales deben hacerse durante las horas de servicio. Sin embargo, a veces los comisarios mandan efectivos de turno a cubrir oficinas públicas. Todo eso desprotege la calle, a la vez que suma a las arcas.

El reproche a la falta de manejo político es que “la cana se dio cuenta que son fáciles; no hay mando político, y Ritondo está condicionado por la propia fuerza”. Lo curioso es que la crítica emerge tanto de la oposición como desde adentro de Cambiemos. 

“Las purgas no son la solución; la solución la debe tomar la conducción política en plenitud, sin detenerse a analizar qué piensa al respecto la estructura policial”, sentencia Walter Martello, quien siempre mantuvo una lupa sobre el accionar de la Bonaerense.

Como si esto fuera poco, han recrudecido viejos enfrentamientos entre la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal. “El problema, siempre, es la economía”, repite el ex funcionario, tras un largo café en el centro de La Plata. Por la vereda, a paso lento, un uniformado de azul claro mira de reojo el interior del bar.