La iniciativa propone que el Concejo Deliberante repudie “el otorgamiento de la prisión domiciliaria de  Julio Manuel Méndez  porque considera -al igual  que la Justicia que lo condenó- que es un criminal de lesa humanidad y por tal razón debe cumplir su pena, con los cuidados y garantías correspondientes, en cárcel común, sin privilegios”. Al adelantar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expresó, en referencia a los crímenes de lesa humanidad, que “como cuerpo representativo de la democracia sería un buen gesto de este Concejo que repudiemos a personas que están vinculadas a tantas muertes”.  Julio Manuel Méndez fue condenado el 16 de marzo de 2012 a once años de prisión tras haber sido encontrado partícipe necesario en los delitos de  infracción de deberes especiales, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos con violencia e imposición de tormentos agravados en perjuicio de un perseguido político. La sentencia se dictó tras el juicio oral y público que se realizó en esta ciudad “en donde fueron respetadas todas las garantías constitucionales de las que Carlos Alberto Moreno fue privado al ser ilegalmente detenido la noche del 29 de abril de 1977, secuestrado y trasladado por personal militar a la ciudad de Tandil, a la quinta de los hermanos Julio y Emilio Méndez, luego torturado y muerto entre los primeros días de mayo del mismo año, en total  estado de indefensión al intentar huir del cautiverio en el que se encontraba”, recordaron los concejales justicialistas. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata decidió el 10 de junio de 2014 disponer que Julio Méndez cumpla su pena bajo el régimen de prisión domiciliaria. En este sentido, el bloque del FPV indicó que según la nueva Ley 24.660, el arresto domiciliario no es automático y deja a criterio del juez la decisión de concederla o no.  “Al tiempo de resolver la cuestión sólo se constató la edad y las afecciones de salud que registra el condenado, desatendiendo en la tarea evaluar el peligro de fuga que comporta una morigeración del cumplimiento de la pena impuesta”, argumentaron. Entre otras cuestiones, marcaron que la detención de Méndez “no resulta cruel, inhumana o degradante ya que se ajusta a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia y a los estándares internacionales reconocidos por la Nación”.  Y consignaron que el condenado recibió “inmediato y adecuado tratamiento por parte de las autoridades penitenciarias del Módulo Médico Asistencial del Complejo II de Marcos Paz, del Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA), del Servicio de Urología sito en Capital Federal y del Cemic, conforme lo requerido en diversas oportunidades y que se le extendía la autorización para ser trasladado las veces que la indicación médica debidamente constatada así lo requiera y con la antelación suficiente para que se le practiquen la totalidad de tratamientos, interconsultas y estudios pertinentes”.   Por otro lado, subrayaron que los hechos por los que fue sentenciado son delitos de lesa humanidad, de gravedad institucional extrema, que se rigen por carriles paralelos a los dispuestos en las leyes penales nacionales, considerados por el derecho internacional y custodiados por el derecho constitucional para asegurar el descubrimiento de la verdad y el cumplimiento de la pena de los responsables. “Que la prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad resulta una paradoja que comporta un sin sentido, pues se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a las personas penalmente responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”, fundamentaron.