La causa penal que motivó con su denuncia el ex presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Ricardo Trovant, se radicó en el Ministerio Público Fiscal el 2 de setiembre de 2014 y la recibió el por entonces jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Marcelo Crettón. En ella, el ex funcionario provincial pidió que la Justicia investigue si en la delegación local se realizaron procedimientos irregulares en la adjudicación de viviendas.Al mismo tiempo se puso en duda el éxito de la investigación debido a la contradictoria maniobra realizada por la parte interesada. Es que dio publicidad a la denuncia (hasta el propio Trovant lo reconoció), aunque declaró que le pareció que era la forma más adecuada."Lamentablemente la publicidad inevitablemente atenta contra el avance de la investigación, pero vale la pena poner sobre la mesa que se están haciendo esfuerzos para que el sistema sea más transparente”, dijo en aquella oportunidad quien ocupara altos cargos públicos junto a Martín Buzzi, primero en el municipio de Comodoro y más tarde en el Gobierno provincial.Al frente de la delegación local del IPV estaba Abel Reyna, quien se enteró de la denuncia a través de una gacetilla de prensa emitida de manera oficial. El funcionario percibió que se estaba poniendo en duda la honestidad de sus empleados más allegados y resolvió renunciar al cargo.Tras su renuncia, Reyna declaró en 2014 que "es totalmente injusto que sin un sumario previo y una investigación, a través de una gacetilla de prensa del Gobierno provincial, destruir la imagen, la persona y el honor de un empleado acusándolo de una estafa, sin pruebas, sin sumario”.La causa –que se tramita bajo el legajo fiscal 63.430— tuvo en sus inicios como juez natural al ahora jubilado José Rago. A él se le solicitó una serie de allanamientos, tanto en domicilios particulares como en la delegación que funciona en avenida Rivadavia y Asturias, los cuales se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2014 y causaron un gran escándalo que llegó a frenar la entrega de 81 viviendas que se habían construido en Ciudadela.

AVERIGUACIONES PRELIMINARESEn el marco de las averiguaciones preliminares, la Fiscalía tomó al menos 20 entrevistas a empleados del organismo y de ellas surgieron testimonios fundamentales para la investigación. “Se comprobó que existieron maniobras irregulares de adjudicación de viviendas por parte del Instituto y a partir de la gestión llevada adelante por el señor Abel Reyna", sostuvo la fiscal Camila Banfi, quien se encargó de avanzar con la causa y conducirla hasta la etapa de formalización que finalmente se hará hoy.En esas entrevistas tomadas a fines de 2014, los entrevistados coincidieron en afirmar que desde que ingresó Reyna como delegado a la zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda, “se cambió la modalidad de adjudicación por un procedimiento arbitrario e ilícito”.La Fiscalía determinó entonces que las anomalías derivarían en hechos de origen delictivo y les permitió presumir que “existieron incumplimientos graves de los funcionarios públicos del área de Adjudicación y Secretaría Privada, que son personas que trabajaban íntimamente ligados a Abel Reyna y puntualmente a Darío Acosta, que es una de las personas sindicadas como quien organizaba estas maniobras de adjudicaciones sin cumplir con requisitos”.La audiencia de formalización de la investigación se llevará a cabo hoy a las 11:30 en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. El acto será presidido por la juez penal, Mariel Suárez, mientras que el Ministerio Público Fiscal será representado por la fiscal Banfi, quien deberá solicitar un cuarto intermedio en el juicio que se lleva a cabo por el homicidio de Anahí Copa.En ese contexto, la acusadora pública solicitará que se formalice la apertura de investigación preparatoria contra Reyna, Acosta, Vanesa Cosoli Medina, Ana Caro, Raquel Antimilla, Fabiana Onieva, Alejo Recalde y Claudia Leonori, por el delito de "asociación ilícita", en concurso real con "incumplimiento de los deberes de funcionario público", lo cual se relacionará con la Ley de Ética Pública.En el caso de Reyna, la acusadora lo ubicará como jefe de la asociación ilícita, mientras que a Acosta, como organizador. Al menos para ellos dos la expectativa de pena es de cumplimiento efectivo.