Al respecto indicó que: “Ha costado lograr la madurez para reconocer un derecho con antecedentes constitucionales. Este principio, obviamente, no es nuevo, es una premisa histórica producto de sucesos que develaron la importancia de compartir el conocimiento”.

“Es un derecho-continuó- intrínseco del sistema democrático que, lamentablemente, no podíamos consensuar desde nuestro rol de Legisladores, de manera que celebro que se haya tenido la capacidad del voto unánime y favorable de todos los Diputados, porque el aporte es para cada uno de los ciudadanos sin distinción partidaria”.

Gómez reconoció al Gobierno Nacional que instó a que la normativa sea sancionada para los santacruceños. “Es un trabajo en red que descomprime las tensiones por falta de información. Prácticamente resulta imposible a un Diputado votar un proyecto sobre uso de fondos públicos sin el sustento informativo, por ejemplo”.

“La importancia de transparentar tendrá resultados transversales, y demanda que entre todos nos unamos, ya que debemos velar por el cumplimiento de este derecho para garantizar nuestra participación ciudadana, acceder a otros derechos, y lograr calidad institucional”.

Para finalizar dijo que “este logro es un paso más para llegar a la Ley de Responsabilidad Fiscal que está instancia de Comisiones. Si seguimos por este camino, podremos ofrecer a la sociedad más garantías de vivir en una democracia plena con el ejercicio básico de conocer los actos públicos”.

 

Sobre la Ley

A grades rasgos, la Ley obliga al sector público provincial a dar a conocer la información con el objetivo de “permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público”. Para tal  fin establecen procedimientos de consulta y recepción de los datos de forma gratuita y fácil acceso, sin necesidad de justificación sobre la procedencia ni motivos de solicitud.

Mediante una nota escrita con detalle pormenorizado de lo requerido, el ciudadano podrá acceder a la información en plazos que contemplan prórrogas. “El silencio, una vez vencido el plazo, o la respuesta ambigua, parcial o inexacta de la administración o de la empresa, permitirá interponer los recursos judiciales correspondientes”.

Por su puesto la normativa, a la cual se deben adecuar los estamentos en un término de 60 días hábiles, tiene limitaciones, por ejemplo en caso de vulnerarse el derecho a la intimidad.