El Gobierno apuesta al ojo civil para frenar excesos policiales

La reforma no contempla la obligación de recibir las denuncias de familiares de víctimas de abusos policiales.Se procura una policía profesionalizada, servidora pública y respetuosa de los derechos humanos.
El Gobierno apuesta a cubrir las grietas de la inseguridad y las denuncias por tortura y excesos policiales, algunos de ellos de resonancia mundial, a partir de la reforma de la ley orgánica policial.

La norma vigente en esta materia fue emitida en noviembre de 1983 por el gobierno de la dictadura.

Desde el Gobierno aseguran que la reforma de la ley orgánica contribuirá a profesionalizar a los cuadros y sentará las bases de una política concreta de seguridad.

Para erradicar el exceso policial, que es denunciado como una práctica, el Ejecutivo pondrá el control en ojos civiles, desde una oficina de asuntos internos que dependerá de la Secretaría de Seguridad.

En el debate de la Cámara baja, la oposición criticó el apresuramiento oficialista por aprobar la reforma del Ejecutivo y pidió más debate para no caer en una legislación coyuntural.

El apuro no permitió incorporar conceptos esenciales que hacen a la vida de los ciudadanos, dijo la mayoría del arco opositor.

No contempla la obligación que debe tener la Policía de recibir denuncias contra efectivos por atropellos. Este reclamo es recurrente por parte de familias de víctimas de vejaciones porque se las hace deambular por las comisarías de la ciudad, en una clara actitud “corporativa” que debe ser erradicada, se puntualizó.

Cuando fue a Diputados, el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, admitió la situación. “Es una problemática que reconocemos”, dijo, pero que se vería si se trabaja en el marco legal o en un proceso reglamentario posterior.

Sylvester se mostró convencido de que la nueva ley orgánica contribuirá a mejorar la seguridad porque la normativa configura el trabajo de la fuerza policial en beneficio de la sociedad.

No fue posible garantizar que los adicionales no resientan el servicio normal, fue otro cuestionamiento, y se hizo notar que más de cinco mil policías apelan a este servicio aumentar sus ingresos. Dejan de ser servidores públicos para convertirse en servidores privados, dijeron, y el oficialismo respondió que el manejo lo hará la Secretaría de Seguridad.

Si bien se cuestionó que se mantengan los programas de estudio en manos de la Policía, se consideró positivo que participen el Colegio de Psicólogos y las universidades para los exámenes de ingreso.

Asimismo, se dijo que habría sido importante incluir un criterio para desterrar la tarea de espionaje o escuchas telefónicas, por cuestiones políticas, económicas u otras.

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