Una nueva empresa brindará el servicio de limpieza en el Ministerio de Educación y en otro edificio bajo su órbita, a la que el Estado le pagará 3,9 millones de pesos al año, lo que significa un ahorro de poco más de 9,3 millones de pesos con respecto a lo que le abonó a otra compañía en 2016. La cifra salió ayer a la luz y revela otro polémico convenio realizado en la gestión giojista. En 2014, la firma Mapre se hizo cargo de las tareas de limpieza a través de una contratación directa. El acuerdo se renovó automáticamente en dos oportunidades y en una de ellas hubo un aumento de los fondos que tenían que salir de las arcas locales del 378 por ciento. Con el plazo vencido, el Gobierno decidió abrir el juego, llamó a licitación y consiguió una oferta de mucho menor valor.

No es la única contratación efectuada en la administración pasada que llama la atención y despierta polémica. La primera tiene como protagonista al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), quien brindó el servicio de la ART para los estatales y el seguro para todos los alumnos de las escuelas públicas (Ver recuadro). El Ejecutivo llamó a licitación en ambos casos y en el primero, luego de seleccionar a la empresa ganadora, ahorrará casi 300 millones de pesos este año. Por esa cifra escandalosa, hay una denuncia en la Justicia.

Los detalles de la nueva y polémica contratación estallaron ayer. Según información de fuentes calificadas, en 2014, la empresa cuyo nombre comercial es Mapre, pero que su razón social es Yireh SRL, se quedó con la limpieza de las oficinas del Ministerio de Educación, ubicadas en el segundo piso del Centro Cívico, y del edificio del Centro de Formación Docente Margarita Ferrá de Bartol a través de una contratación directa. Los trabajos fueron prestados de marzo a diciembre de ese año, bajo un valor de 2.390.000 pesos. El contrato con la compañía fue renovado automáticamente para todo 2015 y el valor a pagar por las tareas pasó a 11.424.000 pesos, es decir, un salto del 378 por ciento, muy por encima de cualquier índice inflacionario.

El 9 de diciembre de 2015, las salientes autoridades de la cartera educativa sacaron una resolución en la que autorizaron una nueva renovación automática para todo 2016, en la que el monto a pagar fue de 13.359.600 pesos. Una vez que venció la última renovación del contrato, en la actual administración analizaron los números y decidieron que haya competencia para ver qué ofertas había en el mercado que permitieran abaratar los costos. Así, el 2 de este mes se llamó a licitación y se presentaron seis compañías. En la compulsa participó Mapre, pero su oferta fue rechazada porque no presentó la documentación exigida. Según las fuentes, tras el vencimiento del convenio, la firma había pedido la renovación por un monto de más de 17 millones de pesos, pero no hay constancias escritas de ese planteo.

Hubo otra empresa que no completó la documentación, por lo que también quedó afuera. De esa manera, los que jugaron fueron las compañías Pablo García, con una oferta de 3.984.000 pesos; Gestión Nativa SA, con 4.980.000 pesos; Sim SRL, con 8.300.00 pesos, e Iscot SA, con una propuesta final de 3.980.000.

Los números reflejan que todos los ofrecimientos estuvieron por debajo de lo que se había pagado el año pasado. Tras el análisis de la comisión, la firma ganadora fue la que se denomina Pablo García, cuya propuesta le representa al Estado un ahorro del 70 por ciento.