En ese tren, el asesor general de la Gobernación, Miguel Garrido, expuso ayer los argumentos oficiales en torno al litigio, que dio lugar a que Conde Olgado instalara frente a Secheep una carpa de protesta que lleva allí más de una década de presencia.

“No hay deuda”

Según Garrido, al día de la fecha la empresa provincial no adeuda ningún monto en concepto de indemnización. Recordó además que “respetando la voluntad de Conde Olgado y dejando clara la predisposición de Secheep y del Gobierno para acceder a la readmisión a su anterior puesto de trabajo, se solicitó en su momento desde la Asesoría General la opinión de los organismos de contralor interno y externo”.

Los mismos recomendaron por medio de dictámenes (de la Fiscalía de Estado Nº 090/12 y del Tribunal de Cuentas Nº 020/10), que “dicha readmisión debería ordenarse, garantizando al Estado provincial la solución integral y finiquito de todas las cuestiones judiciales pendientes, las que deberían desistirse por el interesado, en especial la Acción Autónoma de Nulidad expediente 1170/08 en el Juzgado de Trabajo 1”.

Respecto a ello, Garrido puntualizó que los dictámenes de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas impiden al Poder Ejecutivo y a la empresa Secheep mantener cualquier tipo de negociación sin que Conde Olgado desista de proseguir con las acciones judiciales contra el Estado Provincial, que derivarían en pérdidas millonarias sin una sentencia firme que lo justifique. Señaló además que el Gobierno ya instruyó a la empresa Secheep para peticionar la derivación del proceso pendiente (Acción Autónoma de Nulidad) al procedimiento de mediación reglado en la Ley Nº 6051.

Estado de las causas

En cuanto al conflicto que inició en 1999, Garrido recordó que Conde Olgado fue despedido de su cargo en la empresa Secheep mediante la Resolución Nº 5091 del 15 de abril de 1999, firmada por el presidente de la empresa, en ese momento Benicio Szymula, y los directores Raúl Padilla y Carlos Camargo. El documento argumentaba como causal de despido una falta grave en el desempeño de sus funciones.

El asesor general de la Gobernación dijo que luego de su despido y a pesar de contar con las garantías de la legislación vigente para recuperar su cargo por tener fueros sindicales, Conde Olgado optó voluntariamente por rescindir el vínculo contractual con la empresa Secheep y reclamar la indemnización correspondiente según la Ley de Contrato de Trabajo.

Por otra parte, Garrido planteó que el estado procesal de las distintas causas judiciales relacionadas al despido del ex agente de la empresa estatal es el siguiente:

-En el expediente 15825/00 del Juzgado de Trabajo Nº 2 de Resistencia, cuenta con sentencia firme de condena dineraria en concepto de indemnizaciones laborales por despido, su agravante por estabilidad sindical y daño civil.

-Los dos juicios civiles deducidos por Conde Olgado contra Secheep y dos empleados jerárquicos de la empresa los Ingenieros Kozak y Busemi no finalizaron. En el expediente Nº11374/03 en el Juzgado Civil 2, la demanda fue desestimada en primera instancia (abril de 2010), pero apelada por el actor, sin existir pronunciamiento de la alzada a la fecha. El expediente 10818/04 en el Juzgado Civil 7 se encuentra en etapa probatoria.

-El expediente 146/06 en el Juzgado de Trabajo Nº3 en el cual se reclaman $ 5.144,86 por entrega defectuosa de Certificado de Trabajo, se encuentra en trámite.

-En otras causas, expedientes Nº 4276/95 del Juzgado de Trabajo 3 y Nº 9779/97, existieron condenas dinerarias por diferencias de haberes que fueron oportunamente canceladas.

-A fines del año 2005, Conde Olgado promovió una medida autosatisfactiva tendiente a su reincorporación que fue rechazada in limine, confirmándose el fallo en Cámara de Apelaciones y Superior Tribunal de Justicia. A su vez, en el expedientes Nº 1170/08 Juzgado Trabajo Nº 1 - Conde Olgado promueve “acción autónoma de nulidad” de las sentencias dictadas, sin haberse dictado aun sentencia definitiva.

Pedido de mediación

El asesor adelantó que el gobernador Jorge Capitanich rubricó la petición a la presidente del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, para que se recurra al procedimiento no adversarial a través del Centro Público de Mediación, como servicio judicial conexo en el marco de la ley de mediación vigente. Finalmente, reiteró la predisposición al diálogo y la buena fe del Gobierno para resolver este conflicto por métodos no adversariales.