De la redacción de INFORME DIGITAL 

Frente al llamado a licitación pública por parte de Sidecreer S. A. para seleccionar una entidad que se integre a ella en un Consorcio de Cooperación, los empleados de la empresa del gobierno de Entre Ríos emitieron un comunicado de prensa en el que manifiestan "como lo hemos hecho desde un principio, nuestra oposición al proyecto, que –afirmamos- no es más que una privatización encubierta de la firma". A su vez, exigen que "se nos garanticen nuestras fuentes de trabajo". 

Respecto de ambos planteos, el gobierno provincial habló a través del presidente del Instituto del Seguro Juan Domingo Orabona y, por un lado, aseguró que la licitación "no es una privatización encubierta" y, por otro, prometió que "los puestos de trabajo están garantizados". 

Los trabajadores de la tarjeta consideran que "si el negocio es rentable para un privado también lo es cuando el Estado lo administra". Por otra parte, advierten que "los argentinos tenemos experiencia en lo que significan las privatizaciones: la entrega de herramientas valiosas del Estado, su explotación por parte de entes privados (obviamente carentes de toda sensibilidad social) y la pérdida de numerosos puestos de trabajo". 

En un pedido que, según indican los empleados en el parte de prensa enviado a INFORME DIGITAL, "seguramente desean todos los hermanos comprovincianos", los dependientes de Sidecreer insisten en que "la empresa siga siendo estatal y siga estando al servicio del pueblo entrerriano". Contrario a las expresiones del titular del Instituto del Seguro, los trabajadores remarcan que "la tarjeta de los entrerrianos genera un círculo virtuoso en nuestra economía local". 

Esto se da, explican, "mediante la inyección de fondos a través de los programas sociales y numerosas alternativas de financiación que provocan en los comerciantes y en los más de 80 mil socios pertenencia y elementos concretos para el desarrollo sustentable". 

Pese a todos posicionamientos y con el llamado a licitación ya formulado, los empleados afirman: "pugnamos por que se nos garanticen nuestras fuentes de trabajo" y destacan que "a través del diputado Daniel Ruberto (en su doble condición de legislador y titular del Sindicato de Empleados de Comercio, entidad sindical que nos ampara) se ha presentado el "Proyecto de Ley Garantía de Ocupación". Son 80 familias de trabajadores que dependen de la empresa. 

Los empleados agradecen "las manifestaciones de varios de los legisladores en pos de garantizar nuestra fuente laboral" y , por último, comparan su situación "tal como viene ocurriendo en el escenario nacional, donde las pérdidas de puestos de trabajo son noticias permanentes", por lo que instan "a que los trabajadores dejemos de ser la variable de ajuste y pasemos a ser considerados el motor del crecimiento del país".