Luego de la polémica que se generó hace un tiempo por el valor de los terrenos de la Ampliación Urbana, el intendente municipal Raúl Feito envió el problema a la Asesoría General de Gobierno, desde donde hace unos días llegó un dictamen que sería favorable al Ejecutivo.

Según el jefe comunal, el mencionado organismo sostiene que se atraviesa por “un conflicto de poderes”, y resaltó que no es la primera vez que se recurre a esta alternativa, añadiendo que estos casos se deben elevar a la Corte, donde siempre se falla a favor de los municipios.

En este marco, Feito opinó que desde el Concejo Deliberante se vienen avasallando los derechos exclusivos del Departamento Ejecutivo. Y en este caso en particular señaló que el HCD debe autorizar o no la venta de propiedades municipales y no fijar montos máximos. Sí aceptaría que hagan lo propio con los montos mínimos aunque, según el propio Feito, la ley establezca otro mecanismo para fijarlos. “Lo único que hago es defender mis facultades”, manifestó.

Facultades

El intendente marcó: “Estamos siempre en la misma situación, el gobierno municipal se basa en dos poderes; el legislativo, que es colegiado, y por el otro lado el Departamento Ejecutivo, que es unipersonal y que administra los fondos y es el encargado de la administración municipal”.

Asimismo, Feito dijo que “desde hace mucho tiempo se vienen avasallando derechos del Departamento Ejecutivo con ordenanzas que vulneran los derechos exclusivos del DE”, y sostuvo que “en esto la ley Orgánica de las Municipalidades es clarísima en cuanto a que el DE necesita autorización del Consejo Deliberante para vender cosas o para comprar, aunque no pueden fijar precios máximos para la venta. “Aceptaría que me pongan un precio mínimo a pesar que hay una ley que establece cómo se deben valuar los bienes privados de dominio municipal”, comentó.

Con todo esto, Feito dijo además que la ley en cuestión marca que en el caso que la Municipalidad tenga personal técnico puede establecer precios, y en el caso de no tenerlo se debe acudir a alguna institución oficial, como el Banco Provincia y el Banco Nación, para establecer el precio mínimo para vender. “Además el Tribunal de Cuentas controla que no se vendan los bienes a valor vil”, añadió.