“Como primer punto, lo que venimos sosteniendo es que el gobierno actual generó una distorsión que antes no era tal, por la cual, por ejemplo en Paraná, tenemos un litro de nafta súper a 7 pesos por encima que el de la Capital Federal, lo que implica un atentado contra la lógica de un país federal y no tiene sentido”, alegó el operador de una Estación de Servicio de Entre Ríos Alejandro Di Palma.

Cuestionó que los valores indicativos sean “por provincia” y advirtió que de esa manera no se solucionará la injusticia de precios y condiciones de acuerdo al territorio donde habita cada Estación de Servicio o ciudadano  que cargue combustible.

Concretamente, aseveró que “no se puede sugerir un precio del combustible que es un producto atado al dólar, cuya cotización es incierta” y agregó que de esta manera “se pateó la pelota para adelante y no atacan el verdadero problema que es el de las diferencias entre las provincias que hoy por hoy no se justifican”.

Por su parte, el abogado especialista Alejandro Tobalo dijo que hablar de “precios indicativos” en un mercado donde no se verifica la libre competencia, es expresión de un lamentable doble discurso.

Opinó que los combustibles aumentan, por las mismas razones que suben la generalidad de los precios en una economía de alta inflación y a nadie debería llamarle la atención la situación de las naftas, cuando todos los demás artículos (bienes y servicios), a distintos ritmos, siguen el mismo derrotero.

En ese aspecto, coincidió con Di Palma en que el principal operador que es YPF, capta entre el 55 y el 58 por ciento del market share y opera una estructura comercial centralizada mediante una red de puntos de venta que intervienen bajo la figura de consignación.

Profundizó su idea en que el mantenimiento de la estructura comercial centralizada por parte de la principal petrolera del país, con alineamiento vertical de precios y con una desmesurada cuota de mercado, que obstruye el funcionamiento del sistema de interacción libre de oferta y demanda, es producto de una decisión de las autoridades nacionales.

Finalmente, los entrevistados fueron tajantes a la hora de decir que “el que pierde sigue siendo el consumidor y los eslabones más débiles de la cadena de comercialización”.