En un nuevo comunicado que llevó por título la pregunta "¿Quién protege a Riovía?", la Cancillería remarcó que "a menos de 24 horas de la apertura de ofertas para las obras de mantenimiento" del Canal "la Argentina no ha logrado la colaboración de Uruguay para dilucidar responsabilidades en los supuestos actos impropios denunciados por su Tribunal de Cuentas".

"Si el gobierno uruguayo desea, realmente, investigar los actos que involucran al embajador (Francisco) Bustillo y Riovía podría empezar a preguntarse porqué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la primera licitación aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima que de haber ocurrido lo fue dos años antes y al cual ni el embajador Bustillo ni el canciller (Luis) Almagro jamás se refirieron ni enviaron a la justicia", indicó el comunicado.

En este sentido, agregó que "faltan menos de 24 horas para la apertura de la licitación" y advirtió que "si se presenta la empresa Riovía la Argentina mantendrá su objeción", por lo que la cartera que conduce el canciller Héctor Timerman le solicitó al país vecino que "adopte la misma posición".

Este lunes es la fecha establecida para que la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) reciba las propuestas de cuatro empresas para el mantenimiento del canal a partir de febrero, cuando termine el nuevo contrato con Riovía (que también se postula), por lo que la delegación uruguaya viajará a Buenos Aires para dicho acto.

En su comunicado, el Gobierno volvió a criticar que las conclusiones del Tribunal de Cuentas de Uruguay, que señalan que la delegación argentina fue dilatando las definiciones para llamado a precios, lo que favoreció a la compañía de capitales holandeses, estuvo "basado en documentación secreta que la Argentina no ha logrado acceder".

Y remarcó que "en diciembre de 2010 fue el propio Uruguay quien solicitó analizar la contratación directa de la empresa Riovía para el dragado y profundización del Canal", postura que "reiteró en la reunión de marzo de 2011 cuya delegación presidía el canciller Almagro y en la cual el canciller Timerman advirtió que por precisas instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner se debía llamar a licitación internacional".

"En febrero de 2012 la delegación argentina propone concentrarnos en el llamado a licitación para ir directamente a la profundización. Sorpresivamente, el día 16 de marzo la delegación uruguaya suspende las reuniones de marzo y abril y recién se presenta el 3 de mayo donde se le hace entrega de una versión muy avanzada de los pliegos del llamando a licitación que podrían anunciarse el día 30 de mayo", indicó la Cancillería.

En su nota, el Gobierno denunció que "inmediatamente, comienza una campaña mediática en el Uruguay que se centra en el embajador Bustillo y el supuesto intento de sobornarlo", pero advierte que mientras "los días pasan y el escándalo crece, el silencio de Bustillo es más que llamativo".

"Para colmo, unos días después otro embajador uruguayo, Julio Baraibar declara por radio: ´Bustillo me contó con detalle que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores´. Si bien días después desmiente la veracidad de sus propias afirmaciones los medios siguen dándole crédito y hasta hablan de su ´sacrificio´ de desmentirse frente a la necesidad de seguir adelante con las obras del Canal Martín García", argumentó la Cancillería.

El nuevo comunicado se difunde luego de que Uruguay se reafirmara en su posición de que no tiene motivos legales para excluir a Riovía del concurso de precios para el mantenimiento del dragado ni de la licitación para la profundización del mismo.

"Uruguay apoya exclusivamente la realización de procedimientos que aseguren la selección de ofertas mediante los principios de competencia, transparencia e igualdad de los oferentes conforme a derecho, ateniéndose únicamente a los componentes técnicos y económicos de las ofertas", dijo la cancillería oriental el sábado último por la noche.