• Además se dio media sanción a la ley de Ética Pública que fue votada en general por todos y en particular el Bloque de Cambiemos no acompañó algunos artículos.

Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de Ley de Ética Pública, con el voto unánime en general. En tanto en particular la votación estuvo dividida. Los diputados de Cambiemos no acompañaron el articulado referido a la autoridad de aplicación, por lo que habían firmado un dictamen en disidencia.

El proyecto bajó al recinto con despacho de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento y Legislación General, las cuales consideraron los proyectos de Ley Nº 19.685, autoría de Rosario Romero (FPV), el Nº 20.170, perteneciente a Fuad Sosa (Cambiemos) y Nº 21.037, de Gustavo Zavallo (UNA- FR) por los que se crea la “Ley de Ética para el Ejercicio de la Función Pública”.

Dicha legislación establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, a las personas que se desempeñen en la función pública “en todos sus niveles y jerarquías”, “por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal de acceso, siendo de aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado Provincial”.

“Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”, dice la legislación.

• Artículos cuestionados por Cambiemos

Si bien el bloque opositor mayoritario saludó la iniciativa y votó en general para su aprobación, el diputado Sosa argumentó que no acompañarían los artículos que establecen la autoridad de aplicación por haber manifestado ya que pretendían otra conformación.

En ese sentido la normativa establece una autoridad de aplicación para cada Poder del Estado.

• Tribunal de Cuentas

Luego de varios cambios de último momento, Diputados logró consensuar un proyecto que establece los mecanismos de la designación de autoridades de órganos de control.

La iniciativa contó con el voto de los cinco bloques políticos de la Cámara y fue saludada por la conformación en general.

El proyecto habla de la “Designación de Autoridades de Órganos Autónomos de Control”

En el articulado  se determina que “el Nombramiento del Contador General, del Tesorero General, de los miembros del Tribunal de Cuentas que no tengan otra forma prevista por la Constitución Provincial y sus Fiscales, se realizará previo concurso público de oposición y antecedentes”.

Se habla del “Jurado de Concurso”, la normativa aprobada dice que “será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo, designando en el mismo acto su representante”.

Se estipula que “el Jurado de Concurso se compondrá de siete miembros: Un representante del Poder Ejecutivo. Dos miembros por las entidades representativas de las profesiones exigidas para          cubrir la vacante. Dos miembros por el sector académico provenientes de universidades. Dos representantes de las asociaciones civiles con personería jurídica vigente y domicilio en la provincia.

Los integrantes del Jurado de Concurso “se desempeñarán en forma honoraria, sin perjuicio del reconocimiento de viáticos o gastos que correspondieren”.

El procedimiento de selección de los funcionarios “será abierto y público, asegurándose en la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo, una adecuada y suficiente publicidad de la convocatoria”.

Para la prueba de oposición se establece que “será idéntica para todos los postulantes al mismo cargo”  y “versará sobre temas directamente vinculados a la función que se pretende cubrir”.

“Luego de fijado el puntaje por los antecedentes y por la oposición, el Jurado convocará para la realización de la entrevista personal a los seis concursantes para el cargo a cubrir que hubiesen obtenido mayor puntaje en antecedentes y oposición”, dice el texto.

“La entrevista será pública, excepto para el resto de los concursantes, y tendrá por objeto valorar la motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente la función”.

“Serán valorados asimismo sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiere, sus valores éticos y su vocación democrática”.

“Una vez realizada la entrevista y determinada la puntuación final de cada postulante, el Jurado elevará al Poder Ejecutivo una terna con carácter vinculante para éste, integrada por los tres primeros concursantes que hayan obtenido el máximo puntaje”.

• Designación de la vacante

En el capítulo II, el proyecto aprobado establece que la designación por “vacancia o acefalía del Tribunal de Cuentas” y “hasta que el cargo se cubra por concurso”, este “será reemplazado interina o transitoriamente, según corresponda, por el Abogado, en funciones, que detente mayor antigüedad en el ejercicio de la profesión en el organismo y que no se desempeñe como fiscal”.

El proyecto pasó a Senado para su tratamiento.