Ayer, habló por primera vez del tema, ante los medios locales, el senador radical Carlos Fernández. El tema “Ekeko” había sido eludido por el ex funcionario de Lunghi que se había ganado merecida fama de poner la cara en las maduras y en las verdes. Finalmente, habló.

Dijo que la propiedad era de su madre y que había sido alquilada para un bar “donde se toma un vino, se juega al pool y nada más” y no para un prostíbulo. De todas formas, arriesgó que el ejercicio del proxenetismo en ese lugar “no está probado”. Luego fue más allá y dijo que “creo que en la Justicia ha quedado nulo todo el procedimiento”.

Ambas declaraciones fueron desmentidas desde el ámbito judicial aunque prefirieron mantener la “extraoficialidad” para no desvirtuar un procedimiento que tiene como principal objetivo investigar el caso de trata de personas denunciado y no cruzar versiones con el senador radical.

Al parecer, lejos de “no estar probado”, la Justicia contaría con más de un elemento probatorio ya que la investigación se venía desarrollando desde hace un tiempo atrás. Por otro lado, un agente que participó en el operativo narró a Política Tandil que cuando allanaron el lugar, uno de los administradores del bar dijo “no saben dónde se están metiendo”, dando a entender que el espacio estaba protegido.

Pero además, ayer, desde el ámbito judicial remarcaron que la causa sigue su curso y que se siguen incorporando declaraciones testimoniales”.

También extraoficialmente, un funcionario municipal advirtió que los impuestos de la propiedad de Lisandro de la Torre estarían a nombre de una sociedad de tipo “SCA” y que son remitidas para su cobro a la casa del senador. También admitió que un compañero muy cercano al Intendente fue el primero en ir a buscar información al área de Catastro luego del escándalo inicial para dimensionar las consecuencias del caso.

Con todos estos elementos la causa sigue en pie para determinar si hubo trata de personas y qué responsabilidades cabe a cada uno, incluido el propietario del lugar.