La ley nacional determina que se considera dentro de estas patologías a aquellas cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil personas, referidas a la situación epidemiológica nacional.

El proyecto que podría ser debatido en la próxima sesión de la Cámara, determina que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública a través del SIPROSA y como lo establece la norma nacional, las obras sociales de la administración pública, las entidades de medicina prepaga y todos los agentes que brinden servicios asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con este tipo de diagnóstico.