Talleres de productos y mantenimiento son las dos modalidades en las que trabajan las personas privadas de la libertad en las penitenciarías de la provincia. En total son 748 los internos que realizan estas labores, lo que significa el 21% dentro de una comunidad carcelaria de 3.492 personas, según datos de 2013 del Sistema de Estadísticas de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación. 

Por estas actividades, los internos reciben un salario de entre $ 800 y $ 2.000 por mes y no cuentan con aguinaldo ni vacaciones pagas, a contramano de lo que estableció esta semana un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal a favor de un grupo de reclusos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, luego de una presentación judicial. Si bien la medida que busca equiparar las condiciones de los reos con los de cualquier ciudadano no influye directamente en la provincia, generó un debate en la sociedad mendocina. De todas maneras, el fallo no hace más que afirmar un derecho establecido en 1996 en la ley de penitenciaría nacional 24.660, que se repite en la normativa provincial 8.465 de 2012. 

Consultado al respecto Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, remarcó que la medida judicial por ahora no abarca al sistema provincial. “De todas maneras es cuestión que algún abogado o alguna institución de derechos de los internos lo reclame porque se trata de una ley y no hay forma de negarla”, reconoció y detalló que, de aplicarse este derecho, los presos deberían cobrar las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil si trabajan para el Estado, contar con aguinaldo y vacaciones (que se cumplen dentro del mismo establecimiento). Para el titular del Servicio Penitenciario, el problema principal para su aplicación es que no disponen del presupuesto necesario. “Se debería aumentar la partida presupuestaria para el pago de haberes dentro de la prisión, pero eso no depende de nosotros sino de la Legislatura”, señaló Orellana.

En tanto, Juan Pablo Rodríguez, jefe de la Unidad de Producción Penitenciaria (UPP), ve poco viable la implementación de estos cambios, “porque por el momento no podemos aggiornarnos a las leyes laborales porque se nos imposibilita cumplir con las jornadas que se estipulan. No podemos garantizar más de 4 oó 5 horas diarias”, aseguró.

Ambos consultados destacaron la importancia del trabajo y la educación en contexto de encierro. “Son las ausencias principales por las cuales las personas van a la cárceles, por lo que son los pilares para la reinserción social”, recalcó Orellana, mientras que Rodríguez hizo hincapié en la formación de hábitos que les sirvan para el futuro. 

Modalidades de pago

De acuerdo al tipo de trabajo que realizan, los presos reciben un pago diferenciado. “Por la elaboración de productos, ya sea para el taller que tenemos en la Penitenciaría como para empresas privadas, el pago es a destajo, es decir un porcentaje del valor del producto”, explicó el jefe de la UPP. Por ese concepto se calcula que pueden llegar a cobrar hasta $ 2.000. En cambio, si realizan tareas de mantenimiento dentro de la cárcel se les abona un sueldo que ronda los $ 800.

Pero los presos no pueden disponer del total de los montos que perciben, ya que se les descuenta un 25% por gastos del establecimiento y un 10% más si es que el interno debe dinero en concepto de costas o gastos que surgieron del proceso judicial que lo condenó. Del resultado de esta cuenta los internos sólo pueden contar con un 30% para entregar a un familiar encargado, ya que dentro de las prisiones no se puede tener dinero. El 70% restante se guarda para un fondo de reserva que recibirá cuando salga en libertad. “Lo que se busca con este fondo es que la persona tenga dinero para reinsertarse hasta que consiga trabajo”, expuso Rodríguez.

Para que los internos dentro de los penales puedan acceder al trabajo deben cumplir previamente una serie de requisitos que funcionan como filtro: “Pedimos que estén previamente capacitados y que hayan obtenido una calificación favorable tanto en conducta como en concepto”, enumeró el titular de la UPP.

Productos para comercializar

Una parte de los productos que elaboran los presos en los talleres (mimbrería, cunas, mesas, parrillas, etc.) se comercializan en un salón de ventas del sistema penitenciario ubicado en las inmediaciones de la cárcel de Boulogne Sur Mer -que tiene hasta su propia marca-; la otra se realiza a pedido de empresas privadas. “En total son ocho las firmas que trabajan con nosotros y que han invertido en el sistema penitenciario para que no se pierdan ciertos oficios”, subrayó Rodríguez. 

Por otra parte, hay una cantidad no contabilizada de reclusos que trabajan de manera informal dentro de las cárceles. “Se trata de personas que realizan artesanías con materia prima que nosotros les aportamos y que venden a través de familiares o de instituciones religiosas”, explicó Orellana. “Ellos no cumplen con requisitos de horas pero muchas veces les sirve porque cuando salen ya tienen un circuito armado”, precisó el funcionario, e indicó que se trata de una modalidad que va en aumento.