En 30 días el sistema carcelario de Tucumán debe ser reordenado

En 30 días el sistema carcelario de Tucumán debe ser reordenado

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán emplazó al PE a dar soluciones concretas a la crisis penitenciaria. Entre otras medidas, el fallo ordena proveer cuatro comidas diarios a los detenidos.

No es nueva la preocupación del Poder Judicial por las condiciones en las que viven los casi 1.700 ciudadanos privados de la libertad en la provincia.

Ya en agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había exhortado al Poder Ejecutivo (PE) a reacondicionar los lugares de alojamiento de los presos. A partir de ese fallo hubo reuniones con Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, y otros funcionarios, jueces y fiscales, entre ellos Diego López Ávila y Adriana Giannoni, quienes interpusieron el hábeas corpus en junio de 2015.

Casi 15 meses después, la situación sigue siendo crítica. Por ello el alto tribunal volvió a la carga el 3 de noviembre y emplazó al Gobierno a adoptar una serie de medidas. Si este conjunto de órdenes no es cumplido, la Corte podría aplicar astreintes (conminaciones económicas de carácter coercitivo) que implicarían afectar los sueldos de los funcionarios recalcitrantes.

La nueva resolución lleva las firmas de los vocales Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar, René Goane y Daniel Posse (el fallo indica que el quinto miembro, Antonio Estofán, estaba de licencia). El pronunciamiento dispone que a comienzos del mes próximo (30 días corridos) el Gobierno de Juan Manzur debe presentar un plan integral para contener a la totalidad de la población penitenciaria actual y a la proyectada hasta 2019. Esa planificación ha de tender, en forma escalonada y en un tiempo razonable, aerradicar definitivamente la detención en comisarías.

En el mismo plazo, el Poder Ejecutivo ha de presentar un plan de contratación de los agentes penitenciarios que sean necesarios para dar una respuesta adecuada a la actual población carcelaria y a la proyectada. La Corte dio asimismo 30 días corridos al Gobierno para que comience a dar cuatro comidas diarias a los presos, quienes también han de ser informados sobre que gozan del derecho de recibir alimentos por parte de sus familiares y amigos.

El término concedido al Estado se reduce a la mitad (15 días corridos) respecto de la orden de establecer un mecanismo sanitario. La Corte resolvió que el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) intervenga en ese dispositivo, que abarca la práctica de los estudios exigidos para el ingreso al Sistema Penitenciario Provincial y dos visitas médicas semanales a cada dependencia policial.

Gandur, Goane, Sbdar y Posse dijeron al PE que dispone de 30 días para presentar un plan de adecuación (con partida presupuestaria) para las comisarías que tienen detenidos en función de los estándares internacionales. Ello implica que debe haber cuatro metros cuadrados como mínimo por persona y condiciones edilicias seguras (conexiones eléctricas y sanitarias, y matafuegos) y apropiada iluminación, ventilación e higiene.

El alto tribunal además inhabilitó la detención en las comisarías N° 10 y 13; concedió 30 días al Gobierno para que presente el plan de obras del denominado recalce de la estructura de las unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza, y reiteró la exhortación referida a la reglamentación de la Ley provincial 8.523, que crea la Comisión provincial de prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este órgano debe aplicar el protocolo facultativo aprobado por la Ley nacional 25.932.

“En nuestra provincia el número y la situación de las personas privadas en libertad en comisarías resulta alarmante”, expresaron los vocales. Y añadieron que el control llevado adelante desde agosto de 2015 había permitido advertir que 500 de los 1.700 presos estaban alojados en comisarías. “Las circunstancias descriptas no sólo vulnera flagrantemente la actual normativa en la materia sino que, como pudo observarse, ninguna de las comisarías de la provincia -con excepción de la N°1- ofrecen condiciones edilicias adecuadas para alojar a personas por una simple demora, mucho menos para tener alojados por tiempo prolongado -meses y hasta años- a más del 30% del total de la población penitenciaria”, manifestaron.

La Corte indicó que el seguimiento ordenado a su Secretaría de Derechos Humanos había detectado hacinamiento; incumplimento del régimen de visitas; imposibilidad de ingreso a programas educativos, laborales y sanitarios, y deplorables condiciones de vida (los detenidos duermen en colchones tirados en el piso; comen sin mesa ni sillas y con utensilios precarios, y carecen de facilidades para higienizarse). “De este modo, en su cotidianeidad, los detenidos procesados son alojados en un sistema de aislamiento colectivo prolongado, y quedan a merced de un ominoso sistema de provisión de alimentos y contacto familiar, y de esquemas sancionatorios dispuestos arbitrariamente por la autoridad policial”, advirtió el alto tribunal, que reclamó una política de Estado para esta materia.

La resolución de la Corte Suprema en 8 puntos 

1) El Poder Ejecutivo tiene  30 días corridos para dar a conocer un plan  integral tendiente a contener a toda la población penitenciaria actual y a la proyectada para 2019

2) Dentro de ese mismo plazo, el PE debe presentar un plan de contratación de los agentes penitenciarios necesarios para dar respuesta a la población carcelaria

3) Tiene 30 días para empezar a proveer cuatro comidas diarias a cada uno de los detenidos procesados en las comisarías e informarles que tienen derecho a recibirla

4) En 15 días, todos los detenidos con prisión preventiva deben realizarse exámenes médicos y un profesional los visitará en las comisarías dos veces por semana

5)  El Poder Ejecutivo debe presentar, en un plazo no mayor a 30 días, el  plan de obras del denominado recalce de la estructura de las Unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza

6) El PE fue exhortado a reglamentar la Ley Contra la Tortura y crear la comisión de control, asunto que formó parte de la sentencia de la Corte emitida en agosto del año pasado.

7)  En 30 días corridos el Gobierno debe presentar un plan de adecuación con partida presupuestaria para garantizarles condiciones edilicias apropiadas a los presos de las comisarías

8) La Corte Suprema prohibió al Poder Ejecutivo que disponga la permanencia de personas privadas de la libertad en dos comisarías de la Regional Capital. Se trata de las seccionales 10 y 13.

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2016

$ 72 millones 

Refacción del penal de Villa Urquiza (proyecto de unidades carcelarias). Recursos del Tesoro General de la Provincia.

$ 168 millones 

Refacción del penal de Villa Urquiza (proyecto de unidades carcelarias). Anticipo de prestaciones del Servicio Penitenciario.

$ 3,8 millones 

Villa Urquiza: refacción de los pabellones 1 y 2; refuncionalización y servicios; nueva red eléctrica y accesorios; construcción de la cerca perimetral, etc. Fondos del Min. de Justicia y de DDHH de la Nación.

$ 188 millones 

Gastos de personal, bienes de consumo y servicios no personales de la Dirección General de Institutos Penales. Recursos del Tesoro General de la Provincia.

$ 7 millones

Gastos de personal; bienes de consumo y de uso; y servicios no personales para Inst. Penales. Fondos de la Nación.

TOTAL: $ 438,8 millones

Comentá la nota