Durante una audiencia de conciliación que se realizó este martes, en la que no se llegó a ningún acuerdo entre las partes, el Juzgado Civil de General Acha -ahora a cargo de Gerardo Román Bonino- dispuso que se aplique la ley que evita los desalojos como una forma de proteger la posesión que tiene la familia de Pascuala Suárez sobre el campo La Cautiva en el oeste provincial.

“La verdad es que es para destacar la definición del juez...dejó en claro que está en plena vigencia la Ley 2222 que la anterior jueza sustituta (Amalia Guazzaroni) desconoció”, sostuvo el abogado Carlos Fernández Articó en diálogo con El Diario.

Lo que en realidad hizo el juez Bonino -según explicó el letrado del los puesteros- fue “ordenar una información sumaria para acreditar la posesión y el cumplimiento de los requisitos legales de la familia Suárez. Es decir, hizo lo que marca la ley...iniciar un expediente para que la familia Suárez pueda acreeditar los derechos que tiene sobre esas tierras”.

“En concreto es lo que deberían hacer todos jueces cada vez que hay un conflicto sobre una propiedad con poseedores adentro”, destacó Fernández Articó.

La decisión del magistrado achense alcanza a los dos pedidos de desalojo: el de Nélida Alicia Arzani, la madre de Luis Bertone -el empresario baleado durante un incidente con los Suárez- y el de Oscar Valle, todos compradores supuestamente de “buena fe” a los hermanos De Franco, acusados formalmente en la Justicia por la apropiación de tierras en el oeste pampeano.