La pelea electoral se da en muchos frentes, pero principalmente en la publicidad y en teoría quien tiene más publicidad, puede posicionarse mejor. La Coalición Cívica-ARI le mandó una carta documento al intendente y aspirante a la reelección Carlos López Puelles (PJ) por el uso electoral de la publicidad oficial pagada por el municipio. Del otro lado, el jefe de gabinete de López Puelles, Miguel Ángel Sottile, admite que hay algún beneficio, pero que se trata de cumplir con la obligación de dar a conocer los actos de gobierno.

Dónde se traza la delgada línea de la publicidad de actos de gobierno y el beneficio electoral. En principio parece tratarse de una discusión más ética que legal. De acuerdo a la ley, la comuna podía hacer publicidad hasta última hora del viernes, pues la veda de publicidad oficial es en los 15 días previos. El problema es que la misma ley indica que durante la campaña la publicidad oficial no puede contener elementos que promuevan la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos.

Es claro que la pelea se da en muchos frente. La Coalición Cívica es parte del Frente Cambia Mendoza (CM), que postula a Omar de Marchi para suceder a López Puelles. Así es que la fuerza intenta bloquear la estrategia de posicionamiento del intendente, con el objetivo de equilibrar participaciones publicitarias.

Sottile, quien es también apoderado de la comuna, decía que no había contestado la carta documento, pero que el viernes había denunciado a la Coalición Cívica por daños en la cartelería instalada por la comuna.

De hecho, la Coalición Cívica ha impreso unas fajas rojas con letras blancas en las que se indica que: “Esta publicidad la pagan los vecinos. Esto es corrupción: publicidad política pagada con los impuestos”. Esa faja la pegan sobre los carteles de la municipalidad en los que se anuncian actos de gobierno.

Sottile indicaba que la publicidad se paga con partidas autorizadas por el Concejo Deliberante. “Hay un beneficio indirecto” decía. Más adelante admitía que “hemos ahorrado partida publicitaria antes y la estamos haciendo ahora, pero seguiremos haciendo después de las elecciones”.

Del otro lado, la titular de la Coalición Cívica-ARI de Mendoza Daniela Stella indicaba que “en Luján estamos frente a un fraude electoral alevoso, que es utilizar fondos públicos para realizar publicidad partidaria, disfrazada de publicidad oficial de los actos de gobierno”.

Stella recuerda que los spots radiales en los que se anuncian las obras aparece el propio López Puelles hablando de su gestión en Luján y que los slogans que se usan en la campaña política del intendente y en la publicidad del municipio son idénticos, por lo que denuncian publicidad engañosa “y lo más grave es que esa publicidad engañosa la pagan los vecinos de Luján. Esto es igual a corrupción”.

La ley 7.005, de financiamiento de las campañas electorales dice en su artículo 3 que no se puede hacer inauguraciones ni promoción de proyectos o planes en los 15 días previos a la fecha electoral, plazo que se inició este fin de semana pasado. 

El problema es que ese mismo artículo de esa ley dice: “Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de Gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos provinciales o municipales”. Y si el que aparece es López Puelles, entonces hay elementos que promueven la captación del sufragio.

Más aún, la titular de la Coalición Cívica dice que ha consultado a profesionales de la publicidad e incluso también asegura que han hecho una auditoría de medios y asegura que Luján de Cuyo se ha gastado unos 6,5 millones de pesos en publicidad. Sottile responde que “eso es mentira. No sé de dónde sacan esos números”.