Como primer medida, el Tribunal conformado por Alejandra Calaza, Alberto Ojeda y Mario Caputto definió no hacer lugar al argumento de la defensa que decía que “no habría posibilidad de volver al juzgar” al ex intendente debido a que el Tribunal de Cuentas ya había aprobado la gestión. Siguiendo ese razonamiento, esto implicaba una “cosa juzgada”, pero los jueces entendieron que “son conclusiones de índole administrativa, por lo que no podemos decir que se encuentre ante una persecución judicial múltiple”.

Luego, los abogados de los ex funcionarios plantearon la incorporación al cuerpo de la causa de nuevos elementos de prueba. Esto tampoco fue aceptado, y el fiscal Claudio Pelayo afirmó que ya no era el momento para hacerlo, el plazo estaba vencido. Sin embargo, el Tribunal consideró que llegado el caso puede verse la posibilidad de incluirla.

De ésta manera, tal como informó perspectivasur.com, ya resueltas todas las cuestiones previas del caso, se dio paso al inicio de los interrogatorios a los testigos. Vicente, en calidad de “particular damnificado”, dio su testimonio acerca del por qué de su denuncia y los elementos que tenía para efectuarla.

La sospecha

Según su testimonio, antes de asumir como concejal era presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes. En tal calidad, mensualmente iba al Municipio a recibir el cobro del subsidio para dicha organización. “Estando en Tesorería, de manera casual escuché la conversación de dos mujeres en la que una le preguntaba a la otra si ‘venía a cobrar’ y la respuesta había sido: ‘Sí, pero no se por cuál empresa’”. Al testigo le pareció curioso, pero no pasó a mayores en ese momento.

A días de que asumiera su banca de concejal, el 10 de diciembre de 2001, “una mujer, que sería sólo una empleada municipal, nos entregó documentación en mi despacho y dijo que nosotros sabríamos qué hacer con ella”, recordó Vicente. En ese momento él no se encontraba allí, por lo que el material fue recibido por su colaborador, Víctor Hugo Foresi. Se trataría de órdenes de compra con numeraciones correlativas para la misma empresa.

Los argumentos

El testigo aseveró que en ese momento fue que empezaron una investigación por su cuenta. “Entendimos que había sido una maniobra porque nunca se llamaba a licitación pública. Además había una enorme cantidad de pedidos de servicios que tenían que ver con pozos ciegos, napas y obras que no se hacían y la información daba cuenta de que se trataba todo de contratación directa”, explicó Vicente. Y agregó: “La mayoría de las órdenes de compra se daban divididas en pequeños montos, unos pesos más abajo del límite que planteaba la contratación directa”.

Del mismo modo dijo haber enviado a sus colaboradores a verificar si en las direcciones que figuraban como domicilio de las empresas contratadas existían realmente y, según ellos, allí no había nada. A esto se sumaron comentarios acerca de que algunos de los trabajos contratados por la Comuna habrían sido hechos por empleados municipales, pero no pudo corroborarlo fehacientemente.