El reclamo de cobertura de vacantes judiciales sumó la voz de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El 11 de octubre, los vocales Antonio Gandur (presidente),René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse recordaron al gobernador Juan Manzur que debe designar magistrados. “La situación institucional del Poder Judicial se ve afectada por la falta de nombramiento de magistrados en la capital, Concepción y Monteros porque ello implica la prolongación del trámite y de la resolución de los procesos con evidente perjuicio para los ciudadanos y abogados litigantes”, dijeron. El Poder Ejecutivo acumula 12 ternas pendientes de definición y en los próximos días recibirá la número 13 (ver “Tercetos...”).

La Acordada 1.214/17 ingresó el viernes a la Casa de Gobierno, pero aún no recibió una respuesta oficial. Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, defendió el proceder de su institución en un diálogo telefónico. “Cumplimos con la ley y esta no establece tiempos. El gobernador debe designar cuando le parezca y a quien le parezca. Dije que a finales de mes iba a haber novedades (sobre designaciones) y todavía falta. Se va a tener en cuenta el pedido de la Corte y de los abogados”, expresó ayer.

La renuencia de Manzur a nombrar jueces había encendido las alarmas en el Colegio de Abogados de la Capital que preside Marcelo Billone. Esta entidad transmitió su inquietud a Amado, y a la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, el 26 de septiembre. En esa misma época, el Colegio solicitó a la Corte que se pronunciara sobre este tema sensible para el funcionamiento de los Tribunales. Como aún no fue reglamentada la Ley de Subrogancias, los jueces, fiscales y defensores oficiales en ejercicio trabajan en los despachos vacantes (alrededor del 15% del plantel total) a cambio de una contraprestación económica extra. La situación es especialmente delicada en el fuero penal de la capital, donde el 40% de los juzgados de Instrucción están acéfalos. Una de esas oficinas, la N°2, aguarda titular desde 2012.

“Esta Corte es respetuosa y celosa de la independencia de las funciones del Estado, pero cabe recordar al Poder Ejecutivo que nuestra Constitución Nacional (artículo 5) tiene establecido como condición prioritaria asegurar la administración de justicia”, manifestaron los vocales en la acordada inusual que emitieron a instancias del Colegio. Y añadieron: “este mandato debe inexorablemente ser cumplido, más aún dentro de un sistema de regularidad institucional como el actual”.

Gandur, Goane, Estofán, Sbdar y Posse dijeron a Manzur que, no obstante estar previstos los reemplazos, las vacantes crean serios inconvenientes de organización tanto interna del Poder Judicial como para las partes y, en especial, cuando existen demoras prolongadas en las designaciones. “Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo que, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le competen, adopte las medidas necesarias para la urgente cobertura de las vacantes de magistrados provinciales”, dijeron.