Tras el duro revés judicial que recibió la semana pasada, la Coopi recurrirá a la Corte Suprema de la Nación en su último intento por retener el servicio de agua potable. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) validó el decreto del intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés, mediante el cual, el municipio se hace cargo de la prestación.

Se espera que el mandatario encabece este lunes una conferencia de prensa, donde brindará detalles vinculados al traspaso de los trabajadores.

Fue un fin de semana intenso en el seno de la cooperativa y desde el Consejo de Administración elevaron «un recurso de queja» ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la decisión del Ejecutivo Municipal de extinguir el vínculo contractual y regularizar la prestación. La entidad se encuentra en estado de alerta y movilización y la semana pasada, se impidió que una comitiva de la Municipalidad tomara posesión de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Costa Azul.

La resolución del TSJ, que se conoció el pasado jueves por la tarde, obligó a los cooperativistas a analizar los pasos a seguir y, mediante un comunicado, indicaron que «la decisión del TSJ será apelada por la Coopi en todas las instancias correspondientes hasta la Corte Suprema de Justicia». Desde la entidad, sostienen que el fallo viola la independencia comunal y contradice la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, donde dictamina que es el Concejo de Representantes de esta ciudad el que debe resolver sobre este tema. Asimismo, se expresa que la quita de servicios pone en «jaque» el sistema económico de la entidad perfilando de esta manera su desaparición.

Hoy se espera la palabra del intendente Avilés, quien no se ha manifestado hasta el momento. En la resolución, el TSJ señaló que el municipio actuó «conforme a derecho» tras haber dispuesto la extinción y cese del contrato de concesión oportunamente celebrado con la Cooperativa Integral.

La semana pasada, seis de los siete miembros del Tribunal Superior de Justicia sostuvieron que el municipio carlos-pacense actuó con legalidad y avaló el proceso por entender que el Ejecutivo tiene atribuciones para actuar como actuó y que la medida no significa la municipalización del servicio. 

Sobre las fuentes laborales

Si bien desde el municipio se garantizó en varias oportunidades que los empleados cooperativistas serán absorbidos por la Municipalidad (sea cual fuere su función: gas, cloacas o agua), desde la Coopi denunciaron que se perderán 300 fuentes laborales y habrá «300 familias que pierden su ingreso económico principal».

«Eliminan 54 años de trabajo cooperativo aplicado a servicios públicos como el agua y las cloacas que tendrán su impacto en el turismo y la salud pública de la Villa y la Región»; destacaron en un comunicado. No obstante, una comisión conformada por varias legisladores provinciales se encargará de fiscalizar el traspaso de los cooperativistas.