Contradicciones entre la ley y el decreto para financiar las PASO

Contradicciones entre la ley y el decreto para financiar las PASO

Legisladores opositores que votaron la norma critican falta de fondos. El diputado Viadana del FpV admite que el aporte estatal “quedó en suspenso”.

Con el decreto del gobernador Francisco Pérez, el espíritu de las PASO no se respeta”, dicen en los sectores de la oposición e, incluso, lo reconocen en voz baja algunos oficialistas.

Con eso, se refieren a que lo que establece la ley 8.619 de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias no está reflejado en el decreto reglamentario pertinente, el 2.400/14 que salió en el Boletín Oficial el martes 30 de diciembre.

Concretamente, es un tema puntual en el que hacen hincapié los legisladores que en su momento votaron por unanimidad la ley; y tiene que ver con el financiamiento (supuestamente estatal) de las campañas electorales. 

Tanto en la ley como en el decreto, el texto establece “el financiamiento por parte del Estado Provincial de las campañas publicitarias de los partidos políticos prohibiendo que las mismas se contraten en forma privada”.

Esto es una modificatoria de la Ley de Financiamiento de Campañas Nº 7.005 que es considerado como “un instrumento inédito en la Argentina”. Hasta allí, todos felices y contentos.

}Pero, el “grito en el cielo” (que para el radicalismo se llama Justicia), surge cuando más adelante el decreto determina una cuestión que para los consultados en esta nota no sólo contradice la ley PASO si no que además es inconstitucional. 

El decreto reglamentario 

“...si no existe partida presupuestaria específica el Estado no puede sacar recursos de prestaciones esenciales para ser destinadas a campañas publicitarias de los partidos a riesgo de resentir otras dichas prestaciones.

Sin previsión presupuestaria adecuada, la transformación es teórica e impracticable, razón por la cual la obligación de afrontar los gastos de campaña por el Estado y por consiguiente la prohibición de contratar en forma privada queda supeditada a la celebración de los convenios necesarios entre Nación-Provincia y Municipios y a la existencia de la partida presupuestaria específica al tiempo de la convocatoria...”.

Con esto, según remarcan desde la UCR, el FR y el PD, el Gobernador -que es quien reglamenta el decreto- está contradiciendo lo que en noviembre de 2013 se votó por unanimidad en la Legislatura y sin inconvenientes. Incluso, en la versión taquigráfica de la sesión de Diputados en la que el proyecto se convirtió en ley, dice que se “enuncia y aprueba sin observación” todos y cada uno de los artículos que hacen a la financiación”.

Y ahora, con el desdoblamiento de las provinciales, el calendario electoral ya va tomando forma y la campaña está mucho más cerca de comenzar. Por eso, enfatiza la oposición, urge una solución urgente. 

Opinan los que votaron la ley

En definitiva, los diputados de las fuerzas opositoras que expusieron sus puntos de vista y luego votaron la PASO ese 14 de noviembre de 2013 y con los que Los Andes consiguió comunicarse, manifestaron su sorpresa y descontento con lo que decretó el Gobernador de Mendoza.

Este diario quiso también hablar con el presidente de la cámara de Diputados y precandidato a la Gobernación, Jorge Tanús, que ese día presidió -justamente- aquella sesión pero prefirió no referirse al tema según dijeron en su área de prensa. 

En tanto, el diputado Alejandro Viadana (FpV) sí habló y reconoció -en parte- que la financiación estatal tal cual se votó en la casa de las leyes, “queda en suspenso” con el decreto .

“En ese momento habían entre cinco y ocho proyectos (que juntamos en uno, o sea la PASO) de reforma política de distinto tipo. Uno tenía que ver con modificaciones al código electoral, con el voto electrónico y con el financiamiento. Sacamos la ley que hoy está vigente, que es una buena ley y necesaria para Mendoza. Habla de un buen proyecto de reforma política.

El espíritu principal de la PASO se cumple con el decreto. Pero los artículos respecto del financiamiento de las campañas políticas quedan en suspenso en el decreto. Eso sí es cierto, queda en suspenso el cumplimiento”, reconoció Viadana, acotando que imagina que el motivo de tal incumplimiento es “un problema de recursos”. 

Críticas opositoras

En términos más duros y concretos, se expresó desde el Frente Renovador el diputado Daniel Cassia. “Veo una ilegalidad. El gobernador con un decreto está desconociendo los términos que estipula una ley votada por la Legislatura. Si Pérez quiere eliminar esa ley (por la 8.619) debe hacer otra. El decreto reglamentario nunca puede contradecir la ley.

El espíritu del legislador es algo subjetivo del derecho que hay que interpretar. La igualdad ante la posibilidad de competir, no solo de cantidad si no del tipo de financiamiento, esa igualdad la otorga el Estado para justamente salvaguardar lo que genera el financiamiento por parte de privados.

Con un decreto lo borró de un plumazo eso. Violenta el espíritu de las PASO, que es la igualdad de  condiciones en todo sentido”, se explayó Cassia. 

Él, al igual que el diputado del Partido Demócrata Aldo Vinci, opina que con esta contradicción son, en definitiva, los partidos minoritarios (y dentro de ellos los candidatos emergentes), los más afectados.

“El financiamiento de las PASO es un mal mensaje, es coartar la ley al no permitir la participación democrática de los ciudadanos. Están primando más los intereses del partido gobernante que los derechos de los votantes.

No te pueden dar las PASO si no te dan financiamiento estatal. En la ley dice que es igualitaria la financiación para todos y no es así con el decreto. El financiamiento  estatal sería una manera de darle transparencia a las PASO”, remarcó Vinci. 

Finalmente, en la UCR -que fue  a la Justicia para reclamar porque dicen que se trata de una medida inconstitucional- habló el diputado Tadeo García Zalazar. Quien también estuvo ese 14 de noviembre.

“El justicialismo habló positivamente del financiamiento estatal de las campañas y nosotros también lo mencionamos como positivo -recordó-. Pero cambia el sentido de la ley el decreto de ahora porque dice que si no hay partida se elimina la restricción de contratación que marca la ley.

Es aberrante, alevoso, inconstitucional. No podés ir con un decreto en contra del espíritu de una ley, que además es muy clara. Va en contra de lo que se votó por unanimidad", aseguró legislador de la Unión Cívica Radical.

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