En función del poder concedente que tiene el Municipio, el asesor letrado, Miguel Criado Arrieta, presentó la denuncia penal ante Fiscalía, para que se investigue la contaminación del agua en Comodoro Rivadavia. “Por instrucciones expresas del intendente Linares, no queremos dejar pasar esto para que se descarte cualquier tipo de posibilidad de atentado o sabotaje que perjudique a la población”, afirmó.

En ese sentido, Criado Arrieta aclaró que “la denuncia penal no es contra la SCPL, sino que es en función de las informaciones que se han cruzado en los medios públicos y atentos a los informes químicos y bacteriológicos hechos por la corporación municipal, a través del Laboratorio de Aguas y la Secretaría de Salud; donde se registró la existencia de determinadas partículas que no estarían dando que el agua sea apta para el consumo humano”.

Asimismo, explicó que según la Ordenanza Municipal N°2638/86, donde se ratifica la vigencia irrestricta del código alimentario en la ciudad, “queda establecido que las denominaciones de agua potable de suministro público y de uso domiciliario, se entiende que es apta para la alimentación y uso doméstico, es decir, que no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico o radiactivo que la hagan peligrosa para la salud”, detalló.

“El intendente no quiere dejar pasar esta oportunidad para que se descarte cualquier tipo de posibilidad de atentado o sabotaje”, remarcó y expuso que “a nosotros no nos consta esto pero hay trascendidos en los medios públicos que no se pueden descartar y es en este ámbito donde se deben efectuar las investigaciones”.

En ese marco, recordó que “en base al artículo 200 del Código Penal, se establece que aquel que adulterara o contaminara el agua para consumo humano, comete un delito” y reveló que “le pedimos al Ministerio Público Fiscal que convoque a las personas que se están expresando por medios públicos, dando información sobre lo cual podría resultar presuntamente la causa de esta contaminación”.

De esa manera, Criado Arrieta aseguró que “desde el Ejecutivo local hemos puesto a disposición, los cuerpos técnicos constituidos por la Subsecretaría de Medio Ambiente y el Laboratorio de Aguas, para que se efectúen los análisis necesarios y desde Fiscalía se determinará la existencia o no, de la violación de una norma jurídica penal”, concluyó