El requerimiento expone las consecuencias de la política energética nacional y la falta de fiscalización en los yacimientos. El autor de la iniciativa reclamó respuestas de la nacionalizada YPF para evitar que la Argentina siga rifando divisas.
Las consecuencias de una década con los precios retenidos en las áreas gasíferas del país están a la vista y ni el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se atreve ya a descalificar a quienes vienen marcando, desde temprano, los síntomas de una crisis energética que obligó el año pasado a importar gas y combustibles por cerca de 9.500 millones de dólares. Este año, según las estimaciones más conservadoras, serían unos US$ 12.000 millones. Demasiado dinero para esperar de brazos cruzados un final tan previsible como lamentable.
Este es el contexto en el cual el diputado salteño Bernardo Biella (UDESO) impulsó un pedido de informes al Ejecutivo nacional, en la presunción de que el desacertado rumbo de la política energética tiene “falencias en la inspección y fiscalización estatal sobre los yacimientos de gas y petróleo”.
Así lo expresó en el proyecto de resolución que entró a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, con la adhesión de legisladores de Mendoza y otras provincias productoras de gas y petróleo.
En el pedido de informes, el integrante del bloque nacional del radicalismo expuso detalles de la denuncia que el empresario Miguel Francisco Esper le hizo llegar al presidente de la nacionalizada YPF, Miguel Gallucio, desde la ciudad de Tartagal. De esa presentación en la que el titular de la empresa Perelco acusó a Repsol de mentir con las disponibilidades de gas en San Martín para importar desde Bolivia a valores cuatro veces más altos, El Tribuno dio cuenta en su edición del pasado 2 de abril.
En el informe periodístico, reproducido luego por los diarios La Nación, El Nacional (Bolivia) y otros medios del país y el exterior, este diario hizo notar que Esper no es alguien que desconozca la realidad de los yacimientos del norte argentino, pues se trata de uno de los más antiguos contratistas que trabajaron en relevamientos geológicos, locaciones de pozos, perforaciones e instalaciones complementarias en los yacimientos de Ramos, Aguarage, Acambuco y Campo Durán. Los orígenes de su empresa de obras y servicios datan de 1980, o sea desde 11 años antes de la privatización de YPF, ocurrida en enero de 1991.
En caída libre
Biella contrastó la nota elevada a Gallucio con registros que revelan el inexplicable derrumbe de los yacimientos salteños. “Paralelamente -subrayó-, vemos las estadísticas de la producción en boca de pozo y nos sorprende como ha descendido. Por ejemplo, en Aguarage cayó la producción gasífera de 3,6 millones de metros cúbicos diarios, en 2006, a 1,5 millones en la actualidad”, reseñó.
El autor del pedido de informes observó que “los datos y la denuncia parecen coincidentes con una maniobra de defraudación al Estado, que de comprobarse sería muy grave. Los argentinos hemos estado pagando cifras desproporcionadas por hidrocarburos que podrían haberse producido en los pozos de la cuenca hidrocarburífera salteña a un valor razonable”, advirtió.
En este punto recordó que, por las atribuciones que la ley 17319 de hidrocarburos les otorga a los organismos competentes, “pareciera que existe una falencia en el nivel de inspección y fiscalización por parte del Estado nacional que debe ser investigada. Nos parece también que la actual YPF, como continuadora de Repsol, debe iniciar las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades”, acotó Biella.
Importación en aumento
A comienzos de año la empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) aumentó los bombeos de gas a la Argentina a 13,5 millones de metros cúbicos diarios. En 2012 las compras de gas al vecino país habían promediado los 12,4 millones de metros cúbicos diarios, a un precio de 10,91 dólares el millón de unidades térmicas británicas (BTU).
Por el gas que ingresó desde Yacuiba a Campo Durán, Argentina desembolsó en 2012 poco más de 2 mil millones de dólares. Otros 2.600 millones de dólares costaron las compras del gas natural licuado (GNL) que llega en buques metaneros a costos de hasta 18 dólares el millón de BTU. La citada unidad de comercialización internacional, recordemos, equivale a poco menos de 27 metros cúbicos.
Sumando otras compras de combustibles sustitutos, las importaciones del sector se llevaron del país casi 9.500 millones de dólares.
En 2012 el desembolso fue un 15% mayor que en 2011.
En lo que se consideró un tardío pero necesario reconocimiento de la crisis energética, el Gobierno nacional acordó en diciembre último un aumento del precio del gas natural en boca de pozo. El valor promedio se elevaría hasta 7,5 dólares (el triple del precio actual) pero solo para los campos nuevos y exclusivamente para YPF.
Más adelante la medida regiría también para otras petroleras.
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