La resolución dictada por el juez José Rago, durante la audiencia celebrada el martes y en la cual se prorrogó la prisión preventiva de César “Chatrán” Hernández (35), fue revisada ayer a solicitud de la defensora pública, Viviana Barillari.

En el acto intervino el tribunal colegiado que presidió el juez penal, Alejandro Soñis, e integró la juez penal, Mariel Suárez. La fiscalía, en tanto, fue representada por la funcionaria Silvia Chaura.

En ese marco, desde la defensa se cuestionó la calificación que la parte acusadora le asignó al delito atribuido a Hernández: robo doblemente agravado por ser cometido en lugar poblado, en banda y con el uso de arma de fuego, en calidad de partícipe necesario.

A entender de la defensa, la fiscalía no tiene las pruebas suficientes para sostener dicha calificación y si bien el imputado reconoció que el pasado viernes 8 de febrero trasladó a los imputados -según él fue porque lo llamaron por teléfono pidiéndole que los pasara a buscar para ir a cobrar un dinero, tarea por la cual recibiría su parte-, a su pupilo le podría caber una participación secundaria porque desconocía que llevaban armas de fuego.

Tras atacar la calificación, la defensa pidió el cese de la prisión preventiva y que morigere la misma con un arresto domiciliario. En tanto que para el caso que el tribunal entienda que debe seguir detenido, que se den certezas sobre el plazo de la medida, señalándose que el juez natural fijó la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.

EXISTEN DOS

FILMACIONES

A su turno, la funcionaria de fiscalía solicitó que se mantenga en todos sus términos la resolución del juez natural y destacó que existen dos videos en los que se observa la Ford Ranger blanca –en la que se movilizaban— merodeando la zona antes y después del asalto.

También recordó que existe un testigo que estacionó detrás de dicha camioneta y fue quien aportó los números 501 como la terminación de la patente, agregándose que ese rodado se alejó raudamente del lugar luego de que subieran Ángel Mirol y Víctor Timoteo Ruiz, quienes están imputados como coautores del robo doblemente agravado.

En otro tramo de su exposición, la representante de la parte acusadora señaló que todavía persiste el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, detallándose además los antecedentes penales computables que tiene Hernández, entre ellos una condena del 12 de setiembre de 2011 a cuatro meses de prisión efectiva por un delito de estafa en la ciudad de Esquel, y que la calificación jurídica podría modificarse por una más gravosa. Ello se resolverá una vez que el forense aporte el informe sobre la calidad de las lesiones que sufrió el propietario de la ferretería, a quien no le han logrado extraer el proyectil que, entre otros órganos, comprometió sus intestinos.

Tras escuchar a las partes, el tribunal pasó a deliberar y dictó un breve cuarto intermedio para dictar la resolución. En consecuencia, se resolvió que la morigeración solicitada por la defensa no es aplicable en ese caso y mantuvo la prisión preventiva del imputado por el término de seis meses, el mismo plazo que se le otorgó a la fiscalía para culminar la investigación.

Con respecto a los fundamentos, los jueces entendieron que se trata de un caso grave y que la fiscalía cuenta con los elementos que se requieren en esta etapa del proceso para sostener la imputación. Además, advirtieron que se dan los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, destacándose que los antecedentes mencionados por la fiscalía obedecen a delitos cometidos en otras ciudades de la provincia.

A todo esto, en la jornada del jueves también se revisó la prisión preventiva que vienen cumpliendo Mirol y Ruíz, la cual fue confirmada por el juez José Rago hasta la audiencia preliminar.