La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el aumento de más del 300 por ciento en la tarifa de agua para usuarios de la ciudad de Buenos Aires y 18 municipios del conurbano bonaerense. Es que si bien el incremento había sido dispuesto en abril, se mantenía frenado por una medida cautelar presentada por una asociación de consumidores. 

Lo cierto es que el 28 de diciembre la Sala II de la Cámara confirmó el fallo del juez Pablo Cayssials, que había rechazado el planteo de la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC).

La entidad había presentado una una acción colectiva contra Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AYSA SA), la compañía que brinda el servicio en capital y el Conurbano, y el Estado Nacional para que primero se dicte una medida cautelar que suspenda el aumento, se regrese al cuadro tarifario vigente y que la empresa devuelva el incremento cobrado.

De esta manera, se le da vía libre a la resolución 62/2016 del Ministerio del Interior de la Nación, a cargo de Rogelio Frigerio, hasta tanto se resuelva el reclamo de fondo, que es la inconstitucionalidad del aumento.

A quiénes afecta. El aumento regirá para los usuarios de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Escobar.

El reclamo de un vecino de Banfield. En julio, el titular del Juzgado de Familia 8 de Lomas de Zamora, Carlos Alberto Dupont, había dispuesto como medida cautelar la suspensión del aumento tarifario del servicio que presta la empresa Aysa, a favor de Víctor Daniel Vallejos, un usuario de Banfield.

En la resolución, el juez Dupont había indicado “decretar como medida cautelar la suspensión del aumento tarifario dispuesto en la Resolución 62/216 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda respecto del usuario” que presentó la demanda.

La vigencia de la cautelar se mantendría firme “hasta tanto el magistrado federal de primera instancia se expida sobre la cuestión de fondo planteada”, es decir si corresponde o no la aplicación del nuevo cuadro tarifario.

Vallejos, vecino de Banfield, es empleado de una empresa de transportes, y había asegurado por entonces a Info Región que “no se puede vivir con miedo a no usar los servicios por temor al valor que puedan traer las boletas”.

“Me encuentro con un problema personal desde hace cuatro meses y mis ingresos se han reducido considerablemente. Pero mis pocos ahorros se fueron pagando facturas por todos los tarifazos ya que esta gente está embistiendo contra los más humildes. Me cansé, nos juntamos entre los vecinos que padecen situaciones similares y decidimos acudir a la Justicia”, había indicado.