Tras el abuso sexual y asesinato de Micaela García en la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, el gobierno nacional aceleró la puesta en marcha del registro de violadores y dentro de los próximos 15 días se publicará en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley sancionada cuatro años atrás.

La ley 26.879 –aprobada a principios de julio de 2013 y frenada desde entonces por el kirchnerismo– dispone que el Estado obtenga una muestra de ADN de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual. La información será almacenada para contrastarla en el caso de que se investigue una posible reincidencia de parte de los agresores.

La creación de este registro, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Borrelli, tiene como objetivo "facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual y con el objeto de proceder a individualizar a las personas responsables".

Según el borrador al que accedió Infobae elaborado en el Ministerio de Justicia (aún falta su revisión en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia) se conformará una comisión integrada por un miembro del Ministerio de Justicia, otro del Ministerio de Seguridad y uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Además, se "podrá invitar a participar a representantes de los Poderes Judiciales y de los Ministerios Públicos, así como a representantes del sector académico vinculados a la materia".

La comisión será la que establezca los cronogramas de puesta en marcha del registro y de asegurar que los laboratorios de todas las regiones del país cumplan con un estándar para poder custodiar dicho material genético, que se mantendrá bajo estricta reserva. Según supo Infobae, este jueves habrá un encuentro de la Red de Laboratorios Forenses para avanzar sobre el tema. Al banco de información genética tendrán acceso todos los fiscales y jueces que investiguen casos de abuso sexual.

El diputado radical por la provincia de Mendoza, Luis Petri, impulsor de la ley, calificó la reglamentación del registro como "un avance importantísimo, un paso adelante", por parte del Ministerio de Justicia en la lucha contra los delitos contra la integridad sexual.

El legislador responsabilizó al gobierno anterior por la demora en la reglamentación de la ley, sancionada en 2013. "El kirchnerismo no tuvo la voluntad política para avanzar con esto", sentenció.

El Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual estará formado por el ADN de los que al momento de la reglamentación estén cumpliendo una condena por algún delito contra la integridad sexual.

Según el borrador, el juez o el Tribunal deberá ordenar en un plazo de seis meses la extracción de muestras biológicas para obtener el perfil genético. Respecto de aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena privativa de la libertad, el plazo para la obtención del perfil genético del condenado será de dos meses.

Para los delitos futuros, y una vez que la condena esté firme, la justicia deberá disponer en no más de 5 días la extracción de material genético del violador.

En diálogo con Infobae, Petri explicó también que el registro estará constituido por las huellas genéticas asociadas a la evidencia obtenida durante la investigación policial o el proceso penal.

Silvia Irigaray, de la ONG Madres del Dolor, se mostró confiada por la inminente reglamentación del registro. "Dios quiera que así sea, pronto. Porque la cantidad de casos de violaciones va en aumento", señaló en diálogo con Infobae.

"El ministro Garavano se interesó muchísimo por esto y nosotros lo aplaudimos, porque la verdad cuando desde Madres del Dolor, allá por julio de 2013 nos dejaron contentas y no se hizo nada, nos sentimos defraudadas. Y ahora esto es una bocanada de aire fresco", añadió Irigaray, una de las que motorizó la sanción de la ley.

Desde la ONG son muy optimistas. "Ninguna muerte tiene que servir para hacer todo bien. Estamos cargadas de esperanza todos los días pero necesitamos que nos ayuden. No lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos pensando en toda la sociedad argentina", enfatizó.

Según estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia, en 2012 las condenas por delitos sexuales fueron 1.830 y en 2015, último período procesado, fueron 2.428, un aumento del 33% en sólo cuatro años.