Este lunes se llevó a cabo una reunión en la Subsecretaría de Trabajo entre los representantes de la empresa textil Soberman y Roberto Correa Esbry. Es que su propietario, José Angel Soberman, decidió cerrar una de sus plantas, debido a reiterados robos que sufrió la misma. Los 250 trabajadores que cumplen tareas en la fábrica ubicada en Videla y Oro, Chimbas, se encontraron con que había sido cerrada y nunca les avisaron.

El subsecretario de Trabajo de la provincia manifestó a DiarioHuarpe.com que “hubo una reunión informal con el apoderado de la firma, quien manifestó que el cierre se debe a los delitos contra la propiedad que sufrió Soberman”. De todos modos, la situación no había sido comunicada y sin dar más detalles, dejó a 250 personas en la calle.

“El empresario está haciendo un lock-out empresarial, porque en definitiva los trabajadores no tienen nada que ver con este problema de seguridad, así que fue intimado a que levante la medida, además tampoco garantizaron que se vaya a pagar los días no trabajados por una decisión de él”, señaló Correa Esbry.

“Según dijo el apoderado, han ingresado a robarle varias veces, nunca se comunicó esta situación, a nosotros no nos consta ya que nunca trajo las denuncias hechas”, agregó el funcionario.

“Inician un procedimiento de crisis diciendo que por problemas de seguridad se ven obligados a cerrar la plata y echar a todo el personal, esto es una barbaridad, una cosa de locos”, disparó.

Si bien se trató de un encuentro informal, también participó el secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, quien propuso realizar un plan de contingencia y armar un circuito de vigilancia con mayor frecuencia de patrulleros en la zona. “La respuesta fue que como el propietario de la textil se encuentra fuera de la provincia, no abrirán hasta que éste vuelva”, informó Correa Esbry.

Este martes, los representantes de Soberman mantendrán una reunión en la secretaría de Industria y Comercio, en tanto que desde la cartera que comanda Roberto Correa Esbry, enviarán inspectores para verificar si la planta continúa cerrada, de ser así, el miércoles volverán a reunirse para notificarles que serán infraccionados por cierre patronal. “En definitiva, lo que están haciendo es paralizar las tareas en perjuicio de los trabajadores y les voy a aplicar una fuerte multa en caso de que sigan con esa conducta”, advirtió.

En estos casos, las multas van desde dos sueldos del salario mínimo vital y móvil ($6.060) por cada uno de los trabajadores que tenga la empresa. Esto se traduciría en unos 3.030.000 de pesos.

“En pocas palabras presionan al gobierno por el problema de seguridad y utilizan a los trabajadores de rehenes. Desde el punto de vista laboral no les voy a dejar pasar este tema , porque además les estamos brindando soluciones y no quieren reabrir la empresa”, finalizó el funcionario.