En un cálido mediodía de mayo, el olor de las parrillas de Parque Patricios parece tan irresistible como el canto de las sirenas del que hablaban los mitos griegos. Muchos taxistas se dan el gusto y frenan, pero el olor a asado no logra distraer al chofer del camión que ingresa en el cementerio de Amancio Alcorta al 2700 con los cadáveres de dos autos a cuesta. En esa playa debe de haber más de 200 vehículos que fueron abandonados en algún punto de la ciudad de Buenos Aires. Hay por ejemplo un llamativo Saab importado en perfecto estado, un arenero con un cartel que dice “tengo dueño” e irreconocibles carcazas oxidadas a las que no les quedan ni las puertas.

Tras sujetar su carga con cadenas, el chofer del camión baja lentamente los dos autos con un brazo mecánico. Se nota que en los dos vehículos vivía gente, ya que en las cabinas hay ropa y colchones. Lo mismo se ve en el interior de la mayoría de los autos que hay en ese playón de asfalto: más ropa, papeles, tablones, revistas, incluso peines. Eso hace pensar que la mayoría de las denuncias por coches abandonados que hacen los vecinos de Buenos Aires se producen recién cuando alguien se instala a vivir adentro.

Los especialistas en el tema explican que los motivos por los que un auto queda abandonado en la calle son casi infinitos: puede pertenecerle a una persona que murió sin dejar herederos; puede ser de alguien que fue a probar suerte a otro país; puede ser un auto robado que los ladrones descartaron después de un golpe; puede ser que el dueño se haya olvidado dónde lo dejó estacionado durante una noche de copas; puede ser que el costo de la sucesión sea más caro que el valor del auto; incluso es posible, según una fuente de una importante compañía de seguros, que el auto abandonado sea el resultado de un fraude.

“Se dice que entre un ocho y un diez por ciento de los siniestros pueden ser fraude, pero son difíciles de comprobar –explica esa fuente–. Un ejemplo podría ser el de un vehículo al que se le rompe el motor y el costo de reparación es elevado. Tal vez a una mente brillante se le ocurre hacerlo pasar por un ilícito, cobra el seguro y al tiempo el auto aparece en un descampado con el motor destruido. En este sentido hay indicadores previos que encienden la alarma: sería el caso de alguien que fue remolcado porque se le rompió el motor del auto y al mes denuncia que se lo robaron”.

CUESTIONES LEGALES

La ley N° 342 de la ciudad de Buenos Aires, en vigor desde 2007, amenaza con multas de hasta 2 mil pesos al “titular del dominio o poseedor de un vehículo automotor que lo dejare abandonado en la vía pública”. Por el motivo que sea, la amenaza no parece surtir efecto. Un dato extraoficial señala que, cada mes, se remolcan unos cien autos abandonados hasta los playones municipales. Un informe de la oficina de Seguridad Vial del gobierno porteño de principios del año pasado señalaba que cada día reciben vía telefónica unas 40 denuncias por coches abandonados.

Cristian es uno de las personas que atiende la línea 147 y toma esas denuncias. El procedimiento, explica, es el siguiente: uno debe darle sus datos personales, informarle dónde está el vehículo y (en caso de saberlo) a quién le pertenece. “También puede subir una foto del vehículo a través de la página de internet, si la tiene”, explica.

La ley 342 determina que el siguiente paso es que un inspector de la Dirección General de Seguridad Vial vaya al lugar, verifique si el auto sigue ahí e intente hablar con el propietario. En caso de no encontrarlo, el inspector pega en una ventanilla una calcomanía que advierte que si en diez días el propietario no lo mueve o se comunica con las autoridades, remolcarán el auto hasta un depósito municipal como el que funciona en Parque Patricios.

Una vez que se remolca el auto, se le envía al propietario una cédula oficial al domicilio legal donde se le avisa que si en 15 días no reclama su auto, paga la multa y los costos de acarreo, se procederá a descontaminarlo, desguazarlo y compactarlo.

Por cuestiones operativas, la compactación casi nunca se hace a los quince días exactos: esperan a que en la playa haya 350 o 400 autos acumulados. “El proceso lleva entre tres y cinco días. Si se hace en un predio con suelo de tierra se lo debería cubrir con nylon o algo que impida la contaminación del suelo”, cuenta una fuente que pide reserva de identidad.

El protocolo legal marca que antes de destruirlo al coche hay que “descontaminarlo”, o sea limpiar la basura que pueda haber en el interior y sacarle todos los componentes tóxicos. “Básicamente se quita la batería, se pincha el cárter para sacar el aceite y el tanque para sacar la nafta. También se quita el equipo de aire acondicionado”, explica la misma fuente­.

El último paso es apretar y hacer caja: una máquina convierte al auto en un cubo metálico de 120 por 180 centímetros que luego se vende a una empresa de reciclaje. En la ciudad de Buenos Aires, la compactación de los coches abandonados corre a cargo de la Fundación Garrahan. “Lo recaudado se aplicará a la construcción del nuevo edificio de Oncología, cuya piedra fundamental se colocó el último 9 de abril”, cuenta Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación. “Cada operación de compactación efectuada puede representar alrededor de $100.000”, explica. Las cuentas señalan entonces que cada auto compactado vale entre 250 y 285 pesos como chatarra.

TIPOS DE DEPÓSITOS

En la ciudad existen, formalmente, dos tipos de cementerios:

• Municipales: son pocos, ahí van a parar los autos abandonados en las calles porteñas que no tienen un pedido de secuestro por parte de la Justicia.

• Policiales: son muchísimos más, ahí van a parar los autos remolcados después de un accidente o secuestrados en el marco de una causa judicial.

Una fuente del Ministerio de Justicia porteño señaló que en la ciudad existen dos playas municipales. Una está en Herrera al 2100, en Barracas, y la otra (en un terreno que le pertenece y administra la Fundación Garrahan) en Amancio Alcorta al 2700, en Parque Patricios. La Dirección General de Seguridad Vial no brindo datos sobre la cantidad de vehículos que hay en ellas, pero Diario Z se acercó hasta ambos predios y verificó que en total debe de haber algo más 300 autos, no menos de cincuenta motos y hasta un par de colectivos viejos.

Las playas policiales o judiciales, en cambio, son muchísimas más. En rigor cada una de las 53 comisarías porteñas debe tener la suya, pero a veces dos o más comisarías comparten un mismo predio. La oficina de prensa de la Policía Federal no cuenta con datos acerca de cuántas playas hay exactamente, pero una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación informó que hoy la Federal almacena en la ciudad entre 15 y 16 mil autos.

La principal diferencia entre ambos es que en los depósitos policiales, los autos alojados suelen ser material de prueba y el proceso de destrucción es más complejo ya que involucra una serie de disposiciones legales e ida y venida de papeleo entre comisarías, juzgados, particulares y empresas de seguros. “La ley nacional 26.348 dice que tras seis meses de secuestro el vehículo se incorpora al programa nacional de compactación, pero si el juez no está de acuerdo o entiende que no se debe compactar deberá explicar por qué y renovar esa resolución cada 90 días. El tema es que hay mucha desidia, la mayoría no lo hace y dejan los autos abandonado en predios durante años, uno se encuentra con autos que forman parte de causas ya cerradas o prescriptas hace años”, explica una fuente de la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, que tiene a cargo el proceso de compactación de esos autos.

El resultado de esta situación, explica esa misma fuente, es que hay cientos de policías destinados a vigilar chatarra: autos que a veces ni siquiera pueden ser trasladados o compactados, porque en cuanto se los intenta levantar se deshacen. “Muchas veces se guardan para hacer pericias, pero recién ordenan que se hagan a los 5 o 6 años, con el auto ya destruido por el paso del tiempo y por estar al aire libre. Lo mismo pasa con las devoluciones, el juzgado ordena devolver un auto que estuvo parado cinco años a la intemperie y cuando van al titular o la empresa de seguros no les interesa llevárselo porque el auto no arranca, tiene las cubiertas podridas y la batería no existe”.

CONTAMINACIÓN Y RIESGOS PARA LA SALUD

Una de las cosas que se descubren al caminar por un cementerio de autos es que son lugares con magnetismo y hasta cierta magia. Los hierros de una vieja estanciera abandonada en un predio de Parque Patricios, por ejemplo, evocan la figura de un enorme animal petrificado. Los restos de un patrullero Ford Falcon que está junto a la villa Rodrigo Bueno te transportan a una noche en la que pasaste miedo y oíste sonar sirenas. Un chasis vacío o una butaca suelta, no importa dónde estén, parecen ser el escenario ideal para un juego de niños.

Los cementerios de autos, también por eso, representan un serio riesgo para la salud de las personas que viven cerca: atraen roedores o mosquitos como cualquier basural y a medida que se oxidan y descomponen, los autos desprenden materiales tóxicos (aceites, líquidos anticongelantes, nafta y sobre todo ácido sulfírico y plomo que sale de las baterías) que contaminan el suelo y hasta llegan a envenenar las napas subterráneas de agua.

Eso es lo que ocurrió en la Villa 20, el barrio que rodea al que hasta hace poco era el cementerio de coches más grande de la Ciudad de Buenos Aires. La denominada Playa Jumbo era un depósito judicial que funcionaba desde la década del 80 en un terreno de Villa Lugano que la Ciudad de Buenos Aires le cedió a la Policía Federal. El paso de los años, la falta de una política de compactación y los beneficios del tráfico ilegal de autopartes habían hecho de ese depósito una auténtica montaña de chatarra compuesta por más de 6 mil vehículos destrozados.

En mayo de 2009, el juez Roberto Gallardo ordenó su clausura debido a que ponía en riesgo la salud de los vecinos de la Villa 20. Un estudio realizado en diciembre de 2007 por el Ministerio de Salud porteño había demostrado que un 35 por ciento de los chicos que vivían en las manzanas cercanas al cementerio superaban los límites tolerables de plomo en sangre, que son 10 microgramos por decilitro. El plomo en sangre, que según estudios provoca en los niños encefalopatologías, disminución del coeficiente intelectual y hasta trastornos del comportamiento, triplicaba esa cifra en el caso de al menos un chico.

Tras la clausura judicial del predio, se prohibió la entrada de más autos y se le exigió al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación que comience a retirar los vehículos. Una fuente del caso contó que en los últimos años retiraron 6 mil autos. Diario Z comprobó que todavía quedan entre doscientos y trescientos coches en el sector del cementerio que está sobre la avenida Escalada.

El terreno donde está el cementerio le pertenece a la Ciudad y por ley debe ser destinado a la urbanización de la Villa 20. Es por eso que al clausurarlo, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad que se haga cargo de la descontaminación del predio. Una fuente del juzgado de Elena Liberatori, que hoy tiene a cargo el expediente, contó que el Gobierno acaba de responder a una intimación que le hicieron hace algunos meses por ese tema: informaron que Green Cross SA, una empresa privada, está arrancando los estudios para medir el grado de contaminación de esos terrenos.

“El saneamiento debe hacerse con mucho cuidado. Tal como están las cosas, uno de los principales riesgos es que la gente tome esos terrenos o se edifique encima sin sanear, ya que si se pincha un caño subterráneo la contaminación puede dañar a mucha más gente”, explica Gustavo Moreno, que denunció la situación de los chicos contaminados por el cementerio de autos cuando ocupaba una de las Asesorías Tutelares de Menores de la Ciudad.

En julio de 2009, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, también presentó un extenso informe sobre depósitos de autos al aire libre y sin aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos mencionaba el megacementerio de Lugano y una playa judicial ubicada junto a la Villa Rodrigo Bueno de Costanera Sur, donde según la denuncia entonces había 587 vehículos en resguardo.

Hoy, aunque es más chico, ese cementerio sigue ahí. Quedan aproximadamente unos cien autos. Los estudios realizados a chicos del barrio también han arrojado, en varios casos, una concentración de plomo en sangre superior a los límites internacionales. “El cementerio pasa justo al lado de la canchita. Todas las tardes y fines de semana ves a los chicos que se ponen a jugar ahí, se meten en los autos y uno tampoco puede ir en contra de eso. Por lo que me explicaron, el contagio parece que viene por el contacto con la tierra y también por ciertos gases que despiden los autos y los chicos respiran”, cuenta Diego Armando González, uno de los representantes de manzana de ese barrio.

Silvina Penella, jefa del área de Derechos Sociales de la Defensoría, dice que para no generar daños al medio ambiente los depósitos de autos –como mínimo– deben cumplir un requisito: no estar sobre pisos de tierra porque si no los contaminantes que emanan los vehículos se filtran en el suelo. En el recorrido por siete depósitos de autos de la Ciudad de Buenos Aires, Diario Z comprobó que sólo dos tenían suelo de material (el de Parque Patricios que pertenece a la Fundación Garrahan y uno ubicado sobre la calle San Pedrito y Ferré de Villa Soldati que usa la Federal), mientras que en el resto los autos –o al menos una buena parte de ellos– estaban sobre tierra. “Es común que se armen estos depósitos cerca de villas porque es donde hay terrenos disponibles. En general son terrenos cedidos por la Ciudad a la Policía. En el caso de Rodrigo Bueno, lo más increíble, es que el predio cedido es parte de la Reserva Ecológica”, cuenta Penella.