El Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” que coordina Rolando Núñez sostuvo que la Cárcel Nº 2 de Sáenz Peña, que se puso en funcionamiento hace poco tiempo, agotó rápidamente su capacidad de alojar presos, y que la actual situación de congestionamiento de la población carcelaria es una cabal demostración de que Chaco carece de política penal carcelaria, lo que contribuye directamente a generar mayor inseguridad pública.

La Alcaidía de Resistencia es un establecimiento en estado verdaderamente ruinoso, en la que no debieran estar privado de la libertad ningún ser humano. Sus instalaciones han colapso hace mucho tiempo. Su capacidad de alojamiento inicial fue de 180 presos; sin embargo, actualmente se encuentran alojados allí 460 interno, en condiciones infrahumanas y mortificantes.

El informe indica que a su vez, se encuentra paralizada la construcción de la Cárcel Nº 1, que como obra pública indispensable fue postergada por muchos años y por distintos gobiernos. No se continúa la construcción de la obra por falta de recursos económicos, según argumentan en Gobierno. Mientras tanto, crece el número de personas sobre las cuales la justicia penal aplica prisiones preventivas, a las que se suman las que deben quedar privadas de libertad durante diez días, que es el plazo en el cual jueces y fiscales resuelven la situación procesal de aquellos que son imputados de delitos. La paralización de la Cárcel Nº 1 marca claramente que el actual gobierno contempla otras prioridades en la construcción de las obras públicas, panorama que comprueba claramente que no destinan todos los esfuerzos y los recursos, incluidos los económicos, para resolver el grave problema de la inseguridad pública que genera tantos miedos y víctimas en la comunidad.

Efecto criminógino

Desde el 2009 que Argentina no realiza encuestas de victimización; por lo tanto, anualmente no ha trazado los mapas de los delitos, privando a las fuerzas de seguridad de una herramienta vital para la planificación y programación del trabajo de prevención y de persecución del delito. A partir de allí puede entender el fenómeno creciente de la inseguridad pública. El Laboratorio de Investigaciones sobre Crímenes, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella ha efectuado -a enero de 2014- una encuesta de victimización en 40 ciudades de nuestro país. El resultado al que llegaron establece que el 36,4% de hogares fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses.

También investigaron el efecto criminógino que impacta en los presos que pasaron por las cárceles argentinas, relacionándolo con la tasa de reincidencia después de que los presos recuperan su libertad. Cuando esto ocurre, los ex presos salen con una mayor carga de violencia y un caudal de conocimiento también mayor en materia de actividades criminales, que se acumulan durante la estadía de los presos en tales establecimientos. El laboratorio de la U.T.D.T. corroboró, en base a evidencias empíricas, que como derivación del efecto criminógico adquirida en las cárceles, el 19,7% de las personas que recuperaron su libertad reinciden en el delito después de estar presos por primera vez, y que este fenómeno se agudiza cuando estuvieron detenidos varias veces, duplicándose la tasa de reincidencia al 39,5% , lo que constituye una extraordinaria fuente generadora en el aumento de la tasa de delitos y de la tasa de inseguridad.

Pronunciamiento simbólico del Superior Tribunal de Justicia

El primer día de abril pasado los jueces del Superior Tribunal de Justicia dictaron la Acordada Nº 3316. Para ello, consideraron que el 12 de diciembre pasado la Cámara Primera en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial había presentado un informe producido por el Comisario a cargo del Complejo Penitenciario Nº II de Sáenz Peña, en el que se describían los incidentes de inseguridad ocurridos en la Provincia en el mes de Diciembre de 2013, en el que se produjo un ingreso masivo de detenidos de diversas unidades policiales provocando una saturación en la capacidad de alojamiento de los internos en el Complejo Penitenciario, no contándose con plazas disponibles. El 26/02/2014 confirmaron que continuaba la falta de cupos en esa unidad penitenciaria, precisándose que a esa fecha estaban alojados 460 internos. En función de esta situación de agotamiento de la capacidad de alojamiento de la cárcel de Sáenz Peña, el Superior Tribunal cursó la correspondiente comunicación al gobernador para que solucione el grave problema de la falta de lugar para alojar presos. Sin embargo, razonablemente no se debe esperar una solución -en el corto plazo- a este grave problema, o sea que la inseguridad continuará siendo una fenómeno creciente.