La Cancillería argentina reiteró este domingo que la Corte Internacional de Justicia estableció el límite de producción en 1 millón de toneladas para la empresa Botnia cuando emitió su dictamen en torno a la controversia por la instalación de la planta de celulosa, por lo que "todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal".

De esta manera, Cancillería fijó su postura en el marco de la cuestión UPM-Botnia, agregando además que "toda decisión que se tome sin cumplir con los pasos procesales" acordados con Uruguay es "violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones".

A través de un escrito, se recordó también que "el 14 de febrero de 2005 la República Oriental del Uruguay aprobó la instalación" de la planta y al mismo tiempo "fijó la capacidad de su producción en 1 millón de toneladas anuales".

"Es un error quienes hablan de 1 millón cien mil", sostuvo Cancillería, y añadió que "el límite de 1 millón anual fue el que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra emitió su dictamen".

"Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal. También estableció que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y vigilancia sobre los efectos de la dicha empresa sobre el río Uruguay. Ambos gobiernos ratificaron este procedimiento", expresa el escrito difundido por el Palacio San Martín.

A la vez, sostiene que "en marzo de 2012 Uruguay se puso en conocimiento de la CARU una solicitud de aumento de producción" y "al hacer esta presentación el Uruguay reconoce que el aumento de producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas".

"También reconoce que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio", agrega.

Desde el Palacio San Martín se explicó además que "en tiempo y forma la Argentina hizo saber al Uruguay por intermedio de la CARU que la información recibida era incompleta de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay" y, a partir de eso, "se solicitó información adicional para poder expedirse".

"La Argentina reiteró en cuatro oportunidades la solicitud de información sin recibir la información adecuada por lo tanto aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto", se expresó.

Por ello, indica Cancillería, "toda decisión que se tome sin cumplir con dichos pasos procesales es violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones".

Por otra parte, sostiene que "en caso que la República de Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no haya acuerdo entre las partes, el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países y en caso de no arribar a un acuerdo cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia".

"Estamos seguros que el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas. Y con ese espíritu de respeto y amistad es que deben ser tratada las presiones que intente efectuar dicha empresa", finaliza el comunicado difundido por las autoridades diplomáticas argentinas.