Los legisladores y conjueces reunidos bajo la supervisión del presidente de la Suprema Corte Daniel Fernando Soria, tras analizar las dos causas denunciadas resolvieron que no había elementos para iniciar el jury, promoviendo consecuentemente el paso a archivo de sendos planteos.

Como se informó oportunamente, el jury fue impulsado independientemente por las doctoras Ana Galván y Fátima Silva contra la magistrada, pero las autoridades habían resuelto unificar ambas presentaciones en una sola, que ahora fueron evaluadas.

La primera aludía a la acusación de un impedimento de contacto de una madre con su bebé recién nacido. La mujer había ofrecido dar en adopción a su criatura pero luego se dijo arrepentida y buscó asesoramiento para entregar al niño a una familia determinada

La jueza intervino y ordenó la "guarda institucional" del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina, requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí ya configuraría un delito tipificado en la Ley Penal 24.270, dijo la acusación.

En la segunda presentación la magistrada fue acusada de “separar a la mamá de su hija de 4 años y entregársela al papá en una tenencia provisoria, en una decisión apresurada y con pocos fundamentos”, indicó la letrada Fátima Silva oportunamente.

No ha lugar

Ayer por la tarde, entonces, la Comisión Bicameral, integrada por los diputados Abel Eduardo Buil (FAP) y Nelson Silva Alpa (FpV), los senadores Hernán Ignacio Albizu (FR), Héctor Luis Vitale (FR) y Jorge Alberto Donofrio (FR), más los cinco conjueces (abogados matriculados) y el juez Soria, por espacio de tres horas analizaron el tenor de las acusaciones incorporadas al expediente y si bien no se oficializó la fundamentación trascendió que consideraron que los planteos eran cuestiones opinables, pero que no hacían al fondo del entuerto, ya que no se evidenció dolo, daño que atentara contra las personas involucradas.

Consecuentemente, se corrió traslado para que la Corte resuelva alguna cuestión disciplinaria de la magistrada que, ayer, se anotició por este Diario sobre lo resuelto, dejando traslucir un alivio sobre la situación que la tuvo en la mira por un par de años, aunque aclaró que aún hay pendiendo otro pedido de jury por otra causa que propiciaría una de las abogadas que iniciaron el primer proceso de enjuiciamiento.

Los casos

Como se consignó en su momento, por irregularidades en la causa 2650 caratulada como "N.N. s/ protección de Personas", la titular del Juzgado de Familia llegó a esta instancia. La denuncia se basó en que la magistrada impidió el contacto de Rossana Benítez Parodi, una mujer de nacionalidad paraguaya, con su bebé recién nacido. Parodi, madre de otros 6 niños, había decidido por su situación económica dar al bebé en adopción. Sin embargo luego se arrepintió y buscó asesoramiento para entregar al niño a una familia de su misma nacionalidad.

Los problemas habrían comenzado cuando Parodi rectificó junto a la secretaria de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside Montserrat, y a su vez al Hospital para que se efectivizara el alta médica. A pesar de esto, la jueza ordenó la "guarda institucional" del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina, requiriendo que se separara al bebé de su madre e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí ya configuraría un delito tipificado en la Ley Penal 24.270.

El otrora titular de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas, había expresado que "el pedido de juicio político fue analizado exhaustivamente y creemos que la jueza ha incumplido con su deber, no propiciando la relación madre-hijo, que es un derecho natural del ser humano". Y agregó: "Creo que esta magistrada ha violado derechos humanos inalienables".

Empero, desde el juzgado apuntado se daba otra versión. Según se relataba por aquellos días, Parodi ejercía en Tandil la prostitución y al momento de parir había expresado su intención de dar al bebé en adopción al matrimonio con el que ella convivía.

La magistrada habría impedido el contacto entre madre e hijo sospechando de un complejo entramado delictivo. "Lisa y llanamente se sospecha de una red de prostitución y trata de personas", se informaba.

El segundo caso fue impulsado por la abogada María Fátima Silva, quien acusó a la jueza de “separar a la mamá de su hija de 4 años y entregársela al papá en una tenencia provisoria, en una decisión apresurada y con pocos fundamentos”.