El domingo, poco antes de la medianoche, tres criaturas de 3, 5 y 7 años sintieron frío. Estaban encerrados en una precaria casilla en el barrio Ameghino, sin mayores a la vista. No era la primera vez que les sucedía, solo que en esta ocasión la solución que buscaron terminó en desgracia.

Quisieron calefaccionarse y, al parecer, uno de los chicos tomó un encendedor, prendió fuego un papel, su hermana lo agarró y lo habría tirado debajo de la cama. En segundos, las llamas tomaron el colchón y la casilla se convirtió en una trampa mortal.

Gabriel, el más grande, alcanzó a salir por sus propios medios. Matías también porque lo rescató su hermano mayor. Luján, la más chiquita, se habría asustado y se escondió debajo de la cama. Jamás pudo salir.

El hecho generó la indignación en todos los que por una u otra razón conocían el largo desamparo en el que vivían los tres menores en esa casa de Darwin al 2100.

Según testigos, era habitual que su madre, Verónica Vera, los dejara solos y trabara los escasos ingresos a la propiedad. Lo narrado sin duda tenía asidero, ya que la mujer y su pareja fueron detenidos y la Policía secuestró un candado como prueba.

Superada la urgencia, con profundo dolor, familiares de los menores y vecinos acusaron no solo a los responsables directos de la seguridad de los chicos, sino también a quienes trabajan en la asistencia social. En ese contexto, se escucharon críticas –el más duro fue un tío de las víctimas- hacia una asistente social.

Según pudo saber este medio, la trabajadora seguía el caso de esta familia desde hace más de 3 años. Y en ese tiempo elevó gran cantidad de informes pidiendo a sus autoridades y, a través de ellas, a la Justicia, que dispusiera de todos los elementos necesarios para proteger a los chicos. Su labor fue respaldada por el Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Mercedes, en un puntilloso comunicado (ver más abajo). Trascendió, además, que días antes del hecho se habría redactado un pedido para contemplar el sistema de Abrigo para los menores, situación que se intentó –en vano- confirmar con las autoridades municipales.

En igual sentido se habrían pronunciado las autoridades del jardín y el colegio del barrio al que concurrían los chicos. Allí habían notado que la desatención llegaba a extremos tales como la falta de DNI en la menor que falleció el domingo.

Las agentes de asistencia social y las docentes que contenían a los chicos en un ámbito escolar creían que urgía modificar las condiciones de vida de los niños, aunque no siempre coincidían en el diagnóstico o en el modo de describirlo. Había que hacer algo y urgente. Hoy, para la más chiquita de los tres hermanos esa lectura resulta irremediablemente tardía.

COMUNICADO

El Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Mercedes salió a responder a la noticia sobre el hecho que este medio publicó en el portal www.elcivismo.com.ar. Según su lectura, “se expone abiertamente a una colega” y ante ello aclara, en principio, tres puntos:

- “El ejercicio profesional de los trabajadores sociales se regula por la Ley Federal de Ejercicio Profesional Nº 27072 donde quedan explícitamente definidos los derechos y las obligaciones de los profesionales”.

- “La matrícula profesional otorga un encuadre legal y una pertenencia al espacio colegiado por el cual, cada trabajador social se encuentra referenciado y, bajo el gobierno del Colegio Profesional al cual corresponde su distrito en términos de su ejercicio profesional”.

- “Los trabajadores sociales intervenimos en la realidad de cara a los usuarios, a quienes debemos preservar sus derechos en el marco de las garantías constitucionales vigentes. A raíz de ello no corresponde ventilar situaciones en el marco de un descargo de una colega debido al secreto profesional de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente en la materia”.

De ese organismo consideraron que “la denuncia que ha aparecido en el medio de comunicación expone seriamente a la profesional interviniente toda vez que recoge testimonios anónimos amparándose en el entrecomillado. La profesional encargada de llevar adelante la atención socio-sanitaria en el nivel primario tiene funciones específicas así como también las tienen establecidas otros organismos del Departamento Ejecutivo que en el marco de la denuncia mediática se omiten”.

“Por un lado –agregan- es necesario poner luz sobre las intervenciones que llevan los colegas en un marco de ausencia de direccionalidad de la política pública a nivel la gestión”.

Desde el Colegio ahondan en las observaciones al indicar que “muchas de las colegas realizan intervenciones fragmentadas, que no logran alcanzar acciones estratégicas integradas debido a la carencia de una acción política que las conduzca y respalde”.

“Cada profesional, como trabajador, despliega una cantidad importante de intervenciones de todo tipo y nivel vinculados a la acción u omisión de otros organismos que debieran -pero no logran- desarrollar movimientos territoriales de calidad de atención hacia los usuarios de los servicios (ya que por ley son autoridad de aplicación)  y también deja a las claras la ausencia de política pública seria e indispensable en materia de niñez”, detallan en un escrito que acercaron a EL CIVISMO. Ese marco, afirman, “repercute gravemente en la atención, en la calidad de vida de las familias de la ciudad y centralmente en la vida de los niños, niñas y a adolescentes”.

Para el Colegio de Trabajadores Sociales “en la nota periodística se fragmenta de modo tal la realidad que la responsabilidad se coloca en la práctica de una colega cuando la complejidad y la gravedad de la situación involucra a actores que deben ser partes del sistema de promoción y protección de derechos del niño”.

“El medio de comunicación da cuenta de este desconocimiento como de otras normativas enfocando en una colega la supuesta responsabilidad de la muerte de una niña en estado de indefensión, omitiendo denunciar la ausencia de construcción de ese sistema y la ausencia del responsable en la materia que es su autoridad de aplicación de la Ley 13.298 sucesivas”, afirman.

Sobre los párrafos finales del documento de apoyo a la trabajadora social opinan que “el ámbito para recibir denuncias acerca del ejercicio profesional de un trabajador/a social es este Colegio Profesional (…) no siendo oportuno que un medio de comunicación juzgue y expongan a quienes sostienen su tarea a diario frente a los usuarios más desprotegidos de nuestra ciudad. Porque además dicha práctica periodística desvirtúa y desatiende la especificidad de la profesión que este Colegio debe proteger”.

“Por todo lo expuesto, este Colegio Profesional reitera su preocupación y llama a la reflexión de todos los actores sociales sobre las condiciones de vulnerabilidad social como una responsabilidad estatal. Toda vez que los sujetos nos expresamos y desenvolvemos en el medio social según la realidad cotidiana que hayamos afrontado y que estemos atravesando, y también expresamos la impertinencia de hacer público los datos personales y el texto de la denuncia, efectuada mientras la profesional estaba dentro de su ámbito de inserción profesional”, concluyen, sumando la reflexión de que “en pos de que estas situaciones no se reiteren, que todos los profesionales accedan a las herramientas necesarias para la defensa y jerarquización de su ejercicio profesional, para acordar la debida protección de los colegiados ante sus empleadores, y aclarar de cara a la sociedad la especificidad de nuestras funciones e intervenciones, este Colegio se encuentra desarrollando una serie de acciones específicas atendiendo a la seriedad que reviste lo ocurrido”.

Esas acciones son: “Comunicación directa con los medios gráficos de la ciudad; solicitud de audiencia con el intendente (Oscar Luciani); convocatoria a los trabajadores sociales de las áreas involucradas para trabajar la especificidad y los alcances de la Ley federal de Ejercicio Profesional, y contención y acompañamiento a la colega involucrada por medio de recursos institucionales previstos para situaciones de complejidad en el ejercicio y la intervención profesional”.